Se cumplen hoy tres años de la desaparición forzada y homicidio del ex director de Regalías de la Gobernación de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, y en todo este tiempo 'pareciera que el Estado le está dando la espalda a la familia', según denuncia el abogado que representa los intereses de los padres y hermanos del ingeniero civil, Juan Felipe Amaya.
La tarde del 27 de marzo de 2014, tras ser invitado a una supuesta reunión de trabajo en la vivienda de la calle 59, # 12-108, del barrio La Castellana, norte de Montería, Zapa fue estrangulado por el desmovilizado de las Auc, Joice Hernández Muñoz, quien confesó el homicidio por el que permanece en la cárcel las Mercedes de Montería.
La apreciación de Amaya surge a partir del ‘silencio’ que ha existido por parte de las autoridades después de que el 15 de febrero pasado la ONU exigiera a Colombia ofrecer las garantías de protección a la familia del ex director de Regalías y a los abogados de las víctimas.
'Es como si el Estado colombiano estuviera desconociendo de forma abierta lo que está exigiendo las Naciones Unidas, porque a la fecha no se ha cumplido con los requerimientos que esta entidad ha hecho y por el contrario, conocimos que el Estado quiere que se cierre ese trámite, esto es desconcertante', sostiene Amaya.
El abogado penalista insiste en que, a pesar de que desde el 2014 hay seis personas detenidas por estos hechos, no se ha podido instalar el juicio.
Es decir, que todavía estamos lejos de conocer la verdad de lo sucedido con Jairo Zapa, que es básicamente la principal aspiración que tienen sus familiares', sostiene el jurista.
Los detenidos son el ex 'para' Joice Hernández y su compañera sentimental Zuán López Acevedo, el ex contratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento; el abogado, docente universitario y primo de la víctima Carlos Pérez Escobar, el técnico agroforestal Jesús Torres Redondo y Maximiliano García Bazanta, quien era funcionario de la oficina de Regalías de la Gobernación y ‘mano derecha' de Zapa en esa dependencia.
Según la Fiscalía, el crimen estaría relacionado con el manejo a través de proyectos de diferentes tipos, de unos 100 mil millones de pesos que Zapa gestionaba de ciencia y tecnología para el departamento de Córdoba.
Varios de esos proyectos, por millonarios recursos, fueron adjudicados a una firma de razón social Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, Ceniagroecológico, cuyo representante legal era Henao.
'Hablar del estado del proceso es lo mismo que decir que está estancado. Desde el pasado mes de septiembre no se ha podido avanzar en la etapa preparatoria del juicio, que antecede al juicio como tal. No se ha podido continuar porque está pendiente que se resuelva un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, lo cual no ha sucedido de forma inexplicable a pesar de que han pasado casi seis meses', indica el abogado Amaya.
Cambio de radicación
Para la defensa de las víctimas ha estado latente en todo este tiempo un cambio de radicación y ha sido esa una de las aspiraciones de la familia de Jairo Zapa.
Recordó Amaya que inicialmente esta medida fue pedida por la Fiscalía en octubre de 2014, pero fue negada por la Corte Suprema de Justicia tras considerar que no era procedente.
Cree que, precisamente, el estancamiento de la preparación del juicio por seis meses, se convierte en un buen argumento para insistir precisamente en el cambio de radicación.
Mientras que el padre de Jairo, Fausto Zapa Velásquez, rechazó la forma en la que se desarrolla el proceso penal. 'No se encuentra explicación ni justificación alguna para que después de 36 meses el proceso haya avanzado muy poco'.
