El abogado penalista Juan Felipe Amaya, designado por la firma Jaime Granados para defender los intereses de la familia del ex director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, dijo que el Estado de Colombia ha hecho caso omiso a la necesidad de protección que requieren los padres y hermanos de la víctima, tal como lo ordenó la tarde del miércoles el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU.
'Desde abril de 2014 se le ha hecho esa advertencia al Estado, pero lamentablemente durante todo este tiempo el Estado ha venido incumpliendo esos requerimientos, este último comunicado básicamente ordena que de forma inmediata se concreten unas medidas de protección para los familiares de Jairo Zapa', sostuvo Amaya.
El jurista, tras hacer un recuento de los hechos, desde el momento en que el ingeniero civil fue desaparecido y hallado su cuerpo desmembrado, advierte que sí requieren los padres y hermanos de Zapa una medida de protección permanente.
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Recordó el episodio en el que la residencia de la familia Zapa Pérez fue ocupada violentamente por hombres encapuchados en busca de documentos, quienes además maniataron los ocupantes de la vivienda, la incursión a la casa de una prima de Zapa en Cereté donde se robaron varios computadores y las amenazas de las que fueron víctimas la esposa del funcionario asesinado, María Isabel Valencia y el abogado que la representaba en ese entonces, Lesmer Quintero. Este último además fue víctima de un tentado, aunque las autoridades no han conformado si guarda relación con el caso Zapa.
'También es de conocimiento público que uno de los procesados (Carlos Pérez Escobar) ha sido víctima de amenazas así como su abogado, entonces todos estos hechos hacen creer que hay una situación de riesgo, porque este caso se trata de una grave violación de derechos humanos', sostuvo el abogado Amaya.
Insistió en que la familia Zapa está dispuesta a aceptar un nuevo estudio de riesgo -tal como lo sugiere el Comité de la ONU - para que se resuelva lo más pronto la estrategia de protección que deberá ofrecer la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Negó haber recibido, él, como abogado del caso Zapa y tampoco la colega que lo acompaña en el proceso Claudia Durán, algún tipo de amenazas. Sin embargo, se mostró de acuerdo con otra de las recomendaciones de la ONU, en el sentido de ofrecer también a los defensores las medidas respectivas en cada uno de los viajes de trabajo que hacen a Montería para asistir a las audiencias.
La orden de la ONU es que se ofrezca protección inmediata a los padres de Zapa, Fausto Alberto Zapa Velázquez y Miriam Pérez; a los hermanos Katia Lucía, Iván Darío, Elkin Rafael, y Fausto Javier Zapa Pérez.
