Las familias retornantes a la emblemática hacienda Santa Paula, en zona rural de Montería y al predio Cedro Cocido, también en esta misma jurisdicción, denunciaron en un plantón en el parque central de esta ciudad el abandono del Estado con el incumplimiento de las promesas que hizo a través de sus instituciones, incluyendo Alcaldía y Gobernación.
Los manifestantes aclararon que por su parte la Unidad de Restitución de Tierras es la única que ha materializado los compromisos con la devolución de sus propiedades y el apoyo a través de proyectos productivos.
Marta Bula Bohórquez, retornante de Santa Paula, dijo que desde hace cuatro años están esperando la adecuación de las vías, la instalación de los servicios públicos, el servicio de transporte colectivo en buses y las viviendas.
'Nos reubicaron allá con la esperanza que las entidades nos cumplieran, el diez de abril cumpliremos cuatro años y estamos prácticamente abandonados. En una ocasión al mismo presidente Santos le pedí que mandara una comisión a verificar nuestras condiciones de vida, pero tampoco ha sido posible, estamos abandonados', sostuvo la mujer.
Bula dijo que para salir desde Santa Paula a Montería, es necesario pagar una carrera en mototaxis por valor de 10 mil pesos, es decir, 20 mil pesos con el retorno.
'No contamos con un solo servicio púbico, además de las vías públicas. Hacemos malabares para sostenernos allá, mientras la seguridad está regular, a veces mandan a un grupo de policías pero después se retiran', indicó la mujer.
La hacienda Santa Paula está ubicada en el corregimiento de Leticia, a 30 kilómetros de Montería y está conformada de 1.165 hectáreas. El despojo lo protagonizaron las Autodefensas en la década del 90, a través de la extinta Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, que dirigía Sor Teresa Gómez Álvarez, pariente del 'Clan Castaño' que conformaron los hermanos Carlos, José Vicente y Fidel.
Allí un total de 122 personas han sido beneficiadas con sentencias de restitución, pero actualmente solo habitan 75 hogares en casas fabricadas en plástico y madera mientras esperan las viviendas dignas que debe entregar el Estado a través del Banco Agrario.
Entre tanto otras 1000 hectáreas del predio Cedro Cocido, en la vereda El Tronco ya fueron devueltas a sus legítimos propietarios. Allí han sido beneficiadas 59 familias.
