El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y Javier Villarreal, quien es delegado de la Superintendencia de Salud, anunciaron que en 12 días hábiles el hospital San Jerónimo de Montería saldrá de la intervención a la que fue sometido por ese organismo desde hace 15 meses, a raíz de la crisis administrativa y financiera que por poco hace que desaparezca.
De acuerdo con lo indicado por Villarreal, de $60.000 millones que representaba la deuda del centro asistencial, se cancelaron $25.000 millones, además de la ayuda de recursos del Fondo de Salvamento del sector Salud (Fonsaet), por valor de $24.486 millones, mientras que la facturación pasó de $3.000 millones a $5.000 millones.
'Encontramos un hospital con unos problemas financieros muy complejos, con información financiera, técnica, científica y jurídica, que no correspondía con la situación real en la que se encontraba la empresa, pero en estos 15 meses hemos adelantado una labor muy compleja de depuración financiera y contable en apertura de servicios, renegociación de contratos y ese trabajo nos ha permitido tener certeza de efectivamente cuál era la cartera y sus pasivos', sostuvo el delegado de la Supersalud.
Agregó que los recursos que se adquirieron a través del Fonsaet ya fueron pagados lo que hace que los pasivos disminuyeran a un poco menos de la mitad ($25.000 millones), mientras se sigue avanzando en el pago de deudas.
'Es un buen sendero el que hemos marcado, en medio de muchas dificultades. No podemos cantar victoria todavía pero la Superintendencia ha decidido hacer entrega del hospital al Departamento porque hemos observado el compromiso de la Gobernación y de la secretaría de salud', precisó Villarreal.
El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, aseguró que está clara la ruta a seguir para seguir recuperando al San Jerónimo, el más importante centro hospitalario de Córdoba, toda vez que presta sus servicios también a población de Chocó, Sucre y el norte de Antioquia.
La intervención del San Jerónimo a partir del 28 de julio de 2015 fue producto de una crisis administrativa y financiera derivada de una cartera por $60.000 millones.
El centro asistencial contó con tres agentes interventores durante este tiempo: Juan Carlos Guardo, Luz Patricia Sánchez y por último, Inés María Loaiza, quien culminó el proceso.
