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Al cumplirse hoy dos años de la desaparición y homicidio del exdirector de Regalías de Córdoba Jairo Zapa Pérez, su familia, desde una ciudad de Colombia, reclama justicia, pero más allá de condenar a los presuntos autores materiales capturados desde el 1 de mayo de 2014 piden que sean capturados quienes ordenaron asesinarlo.

'Reclamamos justicia para que los culpables intelectuales y materiales rindan cuentas y paguen por este crimen abominable, y que de una vez por todas se conozca la verdad que se esconde detrás del manto salpicado de intereses oscuros y controvertidos', señala la familia Zapa Pérez en un escrito que hizo público ayer.

Los Zapa Pérez advierten que el caso debe trasladarse de Montería a otra ciudad, solicitud que les ha sido negada pese a las múltiples peticiones que han hecho ante las instancias judiciales.

'No entendemos las razones que puedan justificar el hecho de que el proceso en cuestión continúe desarrollándose en Montería, a pesar de diversas solicitudes hechas en varias instancias para su cambio de radicación', sostienen.

Justifican la petición con el argumento de que 'el logro del cambio de radicación puede permitir la agilización del proceso judicial y consideramos que por aquí empezaría la justicia transparente y certera que todos estamos esperando, desde hace dos años de angustia, desespero e impotencia'.

Insisten en que los hijos, esposa, padres, hermanos, tíos, primos y demás familiares de Jairo Zapa Pérez continúan cargando con el dolor que produjo la ausencia y el vacío del ingeniero civil.

'Hoy después de dos años de esa tragedia que enlutó a nuestra familia recordamos con mucha tristeza e impotencia los planes maquiavélicos de grupos de personas carentes de alma y temor de Dios que desaparecieron y asesinaron a nuestro familiar de manera brutal, condenándonos a vivir sin su compañía en esta dimensión', sostiene la familia del exfuncionario de la Gobernación de Córdoba.

El homicidio de Zapa Pérez ocurrió la tarde del 27 de marzo de 2014 en una casa del barrio la Castellana, norte de Montería, donde fue citado por varios de sus compañeros de trabajo a un supuesto almuerzo.

Allí fue asesinado, al parecer por ahorcamiento, por el confeso homicida Joice Hernández Muñoz, un desmovilizado del paramilitarismo que, según lo ha sostenido la Fiscalía, fue traído desde Santa Marta a Montería expresamente para cometer el homicidio.

Además de Hernández también están privados de la libertad el abogado Carlos Pérez Escobar, primo de la víctima; Maximiliano García Bazanta, excompañero de trabajo de Zapa; Zuan Naidú López Acevedo, compañera sentimental del asesino Hernández y a quien hace poco beneficiaron con prisión domiciliaria; Jesús Torres y Jesús Henao Sarmiento, excontratista de la Gobernación de Córdoba y a quien la Fiscalía ha señalado como el autor intelectual que organizó la logística para que se facilitara el homicidio.

El funcionario habría sido asesinado, de acuerdo con la Fiscalía, por el manejo millonario de recursos de regalía a través de ciencia y tecnología, superiores a los 100 mil millones de pesos anuales.