MONTERÍA. Purísima parece ir por el mismo camino como en la época en la que Córdoba tuvo 6 gobernadores, entre 2007 y 2008, toda vez que, en los 43 días que va del 2016 este municipio del bajo Sinú ya lleva cuatro alcaldes.
Su titular Daniel López se posesionó el 2 de enero, pero cuatro días más tarde, tras ser capturado por el CTI, para que responda por sus vínculos con el 'carrusel' de la Educación, nombró a su sobrina Orlix Nieves Ricardo, quien estuvo hasta el 17 de enero, cuando el Gobernador, Edwin Besaile, decidió designar a la abogada Sandra Ruiz, asesora de su despacho.
Precisamente ayer Ruiz denunció que le tocaba despachar desde Lorica, distante a 15 minutos, para preservar su integridad, debido a que un sector de esa comunidad continuaba haciendo protestas para exigir que Besaile la retirara y escogiera de una terna del partido Conservador, a cuya colectividad pertenece el Alcalde titular, Daniel López, quien permanece privado de la libertad.
'Por seguridad no me atrevo a llegar al municipio', exclamó Ruiz ante los medios en la mañana, temores que se le terminaron en la tarde cuando se conoció el nombramiento otra vez de Orlix Nieves Ricardo, de la terna de la colectividad azul. La decisión del mandatario seccional se conoció a las 6 p.m.
Nieves, de 30 años, es abogada, especialista en Derecho Administrativo y madre de tres hijos.
'Estoy un poco sorprendida, porque pensé que esta noticia la recibiríamos la semana entrante, pero gracias a Dios las cosas se dieron. La comunidad de Purísima puede estar tranquila, porque la administración empezará a funcionar como debe ser', precisó.
Dijo que la Alcaldía empezará a funcionar como debe ser, 'es decir, se acabó la incertidumbre porque empezaremos a desarrollar el programa de Gobierno que ya está establecido y que responde a las necesidades locales'.
¿Por qué tanto alcalde?
El meollo del asunto en Purísima es que el Alcalde electo, Daniel López, fue capturado por el CTI el 7 de enero (cuatro días después de su posesión), por su presunta relación con el 'carrusel' de la educación en Córdoba, conformado por al menos una veintena de abogados, funcionarios y un juez de la República, que habrían desangrado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en más de 60 mil millones de pesos, a través de falsas resoluciones y poderes.
