Debido a las presuntas amenazas contra el fiscal quinto de la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios Judiciales, Alfredo Parada Ayala, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ordenó el traslado hacia el complejo judicial de Tunja, del juicio contra dos abogados presuntamente involucrados en el carrusel de las pensiones de la educación en Córdoba, Lefther Herrera Taboada y Libardo Morales Jiménez, ambos privados de la libertad desde el 20 de febrero de este año.
Los dos son acusados de falsedad en documento privado en concurso material con falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación, a su vez en concurso homogéneo y sucesivo. Morales Jiménez se allanó a los cargos, pero Herrera no.
La petición del fiscal Parada Ayala, fue trasladar el proceso a Bogotá, pero según la Corte, por la congestión de los despachos en la capital de la República, este debe continuarse en Tunja, para supuestamente proteger la integridad del funcionario judicial. Sin embargo, sería el único proceso que se iría de Montería.
Frente a las presuntas amenazas contra el funcionario judicial el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, dijo que desconoce por el momento del supuesto plan criminal contra Parada Ayala, versión que se hizo pública el pasado 24 de octubre.
'La verdad es que no tengo conocimiento de esa denuncia puntual y tampoco de otras denuncias puntuales', dijo el coronel Vargas.
La directora seccional de Fiscalías, Gilma Londoño Gánem, sostuvo al respecto que desconoce en concreto el tema de las amenazas contra el fiscal, debido a que él se radica en Bogotá.
El denominado carrusel de las pensiones de la educación en Córdoba se hizo público con las capturas el 20 de febrero, en diferentes lugares de Córdoba, de un juez de la República, su secretario y once abogados, todos sindicados de los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en el grado de tentativa.
La historia. El carrusel nace cuando los abogados presentaron en el Juzgado Promiscuo de Planeta Rica, un paquete de demandas ejecutivas laborales contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora, para obtener el pago de las pensiones de 1.403 docentes, pero lo hicieron con supuestos poderes falsos, y resoluciones de la secretaría de educación falsas, reconociendo los ajustes pensionales.
Uno de los primeros capturados por agentes del CTI procedentes de Bogotá fue Ángel Aycardi Galeano, quien se desempeñaba como juez promiscuo del circuito de Planeta Rica, y el secretario de ese juzgado Germán Alvarino Otero.
Ellos se allanaron a los cargos, Aycardi fue condenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería a 12 años, seis meses y 15 días de prisión y Alvarino tiene casa por cárcel.
El caso fue que Aycardi ordenó el embargo de las cuentas del Fondo de Prestaciones y el pago de 64 mil 925 millones de pesos, cifra que la justicia consideró detrimento patrimonial.
Los otros detenidos. Además de los abogados Herrera y Morales, también fueron detenidos y cobijados con medida de aseguramiento, Gustavo Rhenals Nova (de Cereté), Óscar Vidal Arrieta, Luz Elena Polo Rodríguez, Robert Montes López, Fernando Mendoza Vellojín, Daniel López Palencia, Tony Luna Espitia (exfuncionario de Gobernación), los hermanos Jaime y Eleodoro Agámez Pineda y Alfredo Agámez Vanegas, hijo de este último. Estos tres están prófugos de la justicia, se les declaró en contumacia y, por lo tanto, no se les ha podido realizar audiencia de acusación.
