El candidato presidencial Abelardo De La Espriella interpuso, en calidad de ciudadano, abogado y defensor del interés general, una acción popular ante el Consejo de Estado con el fin de proteger los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, los cuales —según advirtió— estarían gravemente amenazados por una reciente decisión del Gobierno Nacional en materia de endeudamiento.
La acción fue presentada junto al jurista Germán Calderón España y está dirigida contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el documento, el Gobierno habría vendido de manera directa, y sin subasta pública, títulos de tesorería (TES) por US$6.000 millones, equivalentes a cerca de $23 billones, a un único inversionista extranjero cuyo nombre no ha sido revelado.
Según De La Espriella, se trata de la operación de endeudamiento directo más grande registrada en la historia reciente del país, realizada sin cumplir los principios de publicidad, transparencia, libre competencia y selección objetiva exigidos por la Constitución y la ley para la administración de los recursos públicos.
El candidato sostuvo que la decisión pone en riesgo grave e inminente el patrimonio de los colombianos y vulnera el principio constitucional de moralidad administrativa, consagrado en los artículos 88 y 209 de la Constitución Política. En ese sentido, recordó que la jurisprudencia ha sido clara en señalar que el patrimonio público no se limita a un balance contable, sino que implica una gestión correcta, eficiente y transparente de los recursos del Estado.
“La moralidad administrativa se afecta cuando la función pública se aparta del interés general, favorece intereses particulares o se ejerce sin criterios éticos como la buena fe, la honestidad y la transparencia”, señaló De La Espriella.
De acuerdo con la demanda, los hechos revisten extrema gravedad, ya que la operación se realizó sin subasta pública, sin permitir la competencia entre oferentes y concentrando el endeudamiento en un solo acreedor extranjero desconocido. Para el demandante, esta decisión equivale a endeudar al país “a puerta cerrada”, eludiendo el mercado abierto, donde las tasas reflejarían la pérdida de confianza en el manejo fiscal del Gobierno.
Aunque el Ministerio de Hacienda presentó la operación como un “voto de confianza” y un mecanismo de “prefinanciamiento”, De La Espriella aseguró que en realidad responde a una urgencia fiscal derivada del desorden en las finanzas públicas, el despilfarro y los escándalos de corrupción que han llevado a que exministros y altos funcionarios enfrenten procesos judiciales.
Finalmente, advirtió que la concentración del endeudamiento en un solo inversionista extranjero compromete la estabilidad futura del mercado de deuda pública y podría hipotecar el futuro económico del país en un año preelectoral, con el fin de atender necesidades políticas inmediatas.
