La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 22 de diciembre que logró imponer medidas con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en el caso de Centros Poblados y el contrato suscrito con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
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De acuerdo al ente acusador, algunos de los afectados son Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.
Añadió la Fiscalía que las propiedades afectadas, que superan en valor los 65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios.
Los bienes están ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño y, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.
“Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico, buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. Se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados”, se lee en el comunicado.
