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La separación de poderes como garantía para los derechos de las personas fue uno de los temas claves que se abordó en el V Encuentro Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria y I Encuentro Nacional de Altas Cortes, que se adelanta en Barranquilla hasta este viernes.

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer la unión institucional de la Rama Judicial y la protección de los derechos ciudadanos y el equilibrio democrático.

“En Colombia hay una rama judicial que cree en la separación de poderes, en la autonomía judicial y que responde con altura, determinación y responsabilidad a la tarea que nos ha sido asignada constitucionalmente”, afirmó durante la instalación del encuentro.

Durante su intervención, Rodríguez destacó que la labor judicial no solo implica la resolución de conflictos, sino la garantía efectiva de los derechos.

“Nuestro trabajo es lograr que la gente pueda ver sus derechos convertidos en realidad a partir de nuestras decisiones judiciales. Los jueces garantizan derechos, pero también impiden arbitrariedades. Devuelven ilusiones, hacen justicia y procuran que las personas tengan una vida más digna”, manifestó.

De esta manera, el funcionario calificó este primer encuentro de las altas cortes y de los jueces disciplinarios como “un hito en la justicia de nuestro país”, al subrayar que la convergencia de todas las jurisdicciones envía un mensaje claro de cohesión.

Un estado de derecho

La protección de la justicia acerca a la sociedad a la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho. Por este motivo, las altas cortes juegan un papel fundamental en la gobernanza.

Francisco Ternera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre el papel que se viene adoptando para dar seguridad a la ciudadanía.

“La voluntad autónoma de la separación de poderes pretende dar seguridad y garantías a la ciudadanía; eso implica acercarnos a la justicia, y eso es lo que venimos haciendo en materia penal con la lucha contra la trata de personas, el maltrato animal, los temas laborales, la economía del cuidado y la eficacia en el traslado de las pensiones. La gente nos escucha y hay que seguir hablando de los temas que los protegen”, explicó.

Por parte del Consejo de Estado, el presidente Luis Alberto Álvarez se refirió a la protección de la gobernanza en el país.

“A través de la acción electoral tenemos a cargo verificar la legalidad de los nombramientos de las elecciones por voto popular o aquellas que se efectúan por cuerpos electorales. Tenemos un rol de ser el supremo consultivo del gobierno, para que cumpla la tarea de hacer una buena administración pública”, dijo.

Desde la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, el mensaje también fue muy claro: “El Estado somos todos. Las autoridades y particulares deben estar sometidos al orden constitucional. La tarea es establecer cuáles son esas funciones a las que nos debemos para nuestros derechos, y cómo sujetarnos a ellas. Nuestra corte es la orientadora, la que define los parámetros y establece unas reglas de comunicación.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, recalcó que la autonomía judicial permite la construcción de un Estado Social de Derecho.

“La idea es que desde la judicatura cada quien haga su trabajo, asegurado bajo el mandato de la ley, y pueda actuar con total independencia, sin interferencia externa pública. Para ello esperamos que algún día contemos con un presupuesto por mandato legal que no requiera estar en permanente recorte público”, cerró.