Durante el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro informó que ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación realizar un examen de informática forense a los chats revelados el pasado domingo por ‘Noticias Caracol’ que apuntan a vínculos entre altos funcionarios del Gobierno nacional y las disidencias de las extintas Farc comandadas por alias Calarcá.
“Hemos decidido que, ojalá, se haga un examen forense, de informática forense, a los chats, que la Dijín entrega a la Fiscalía de Antioquia, espero que sea la Fiscalía General, y sepamos la verdad con un aval de informática forense de la Fiscalía”, dijo el mandatario.
Reiteró que tiene “dudas” sobre la veracidad de la información revelada por ‘Noticias Caracol’ y agregó que solo después de conocer los resultados del examen forense va a tomar decisiones sobre los funcionarios implicados en el escándalo.
“De acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, sostuvo.
La investigación, divulgada por ‘Noticias Caracol’, se basa en comunicaciones internas del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) —una de las disidencias de las Farc— recuperadas de computadores, teléfonos y memorias USB incautados a sus mandos.
El jefe de Estado, quien el lunes apuntó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos como fuente de la revelación periodística, reiteró más temprano este martes, sin mencionar a Trump, que el informe carece de sustento.
“La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol, tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a EEUU para un posible ‘indictment’ (acusación) y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase ‘Petro es el jefe de los narcotraficantes’”, escribió Petro en X.
Los implicados niegan vínculos con disidencias
En las comunicaciones divulgadas aparecen mencionados dos funcionarios de bajo perfil público: el general retirado Juan Miguel Huertas, reintegrado este año al Ejército como jefe del Comando de Personal, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en 2024 y fue ascendido en febrero a director de Inteligencia Estratégica.
Según el reportaje, Huertas —cercano al presidente— habría ofrecido protección a disidentes y promovido la creación de una empresa de seguridad para facilitarles movilidad.
En una carta publicada el lunes, Huertas negó tener vínculos con organizaciones armadas ilegales.
Mejía, por su parte, rechazó este martes haber tenido contacto con el EMBF y afirmó que nunca ha recibido instrucciones para reunirse con ilegales ni gestionar empresas fachada o armas.
“Niego de forma enfática cualquier participación (…) en actividades orientadas a: compartir información de inteligencia con grupos criminales; gestionar empresas fachada, trámites o permisos de seguridad privada; facilitar armas, municiones o explosivos, y promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y organizaciones armadas ilegales", expresó Mejía en un comunicado.
Silencio sobre la financiación de la campaña
A pesar de varias publicaciones del presidente en X, este aún no se ha pronunciado sobre otra revelación de ‘Noticias Caracol’: el presunto apoyo del Estado Mayor Central (EMC) a su campaña presidencial de 2022.
En esos señalamientos también aparece mencionada la vicepresidenta, Francia Márquez, quien volvió a desmarcarse de las acusaciones este martes y aseguró en una entrevista con ‘El reporte Coronell’ que “jamás” ha tenido nexos con grupos armados.
“El que nada debe, nada teme”, dijo al pedir que se hagan todas las investigaciones pertinentes.
Investigaciones en marcha
La Defensoría del Pueblo urgió a la Fiscalía y a la Procuraduría a abrir investigaciones penales y disciplinarias frente a los presuntos nexos entre altos funcionarios y el EMBF.
La entidad manifestó su “profunda preocupación” y advirtió que, de confirmarse las denuncias, habría “cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno” en un proceso de paz que debe ser “incorruptible”, en referencia a los contactos del Gobierno con el EMBF.
La Fiscalía anunció el lunes la apertura de indagaciones sobre la supuesta cooptación de agentes estatales, la financiación de campañas y la creación de empresas de vigilancia vinculadas a estructuras criminales, tras aclarar que no había recibido previamente los archivos incautados que sustentan el reportaje periodístico.
La controversia, que estalló el domingo con la revelación televisiva, sigue alimentando cuestionamientos de la oposición y de sectores independientes, que piden esclarecer a fondo el presunto entramado entre mandos militares, funcionarios de inteligencia y estructuras disidentes, y exigen garantías de transparencia al Gobierno.
