La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió nuevas imputaciones dentro del macrocaso de los llamados ‘falsos positivos’.
En esta ocasión, el tribunal atribuyó crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos del Código Penal a 30 miembros del Ejército, entre ellos tres generales retirados, por su presunta responsabilidad en un plan criminal que presentó 209 homicidios como resultados operacionales en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.
Según el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), 65 de esos crímenes estuvieron acompañados de desapariciones forzadas y, además, se documentó un caso de tentativa de homicidio.
La investigación se concentra en el denominado ‘Subcaso Meta’, uno de los capítulos más graves dentro del expediente nacional.
La JEP identificó como máximos responsables, por omisión en su deber de mando, a los excomandantes de la Séptima Brigada, el brigadier general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán y el brigadier general Francisco José Ardila Uribe.
Para la Sala de Reconocimiento, los oficiales contaban con herramientas suficientes para evitar la victimización de civiles y ejercer control efectivo sobre las tropas, pero no actuaron, permitiendo así la consolidación de los patrones criminales que la justicia transicional ha venido documentando.
