Luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal diera a conocer este sábado que fueron identificados siete menores de edad entre los 20 muertos que dejó el bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco en zona rural del Guaviare el pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Defensa dijo a través de un comunicado que la responsabilidad “recae” en el grupo armado ilegal y no en el Gobierno.
“Reiteramos que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez.
Esto en medio de las críticas que ha recibido el Gobierno nacional desde distintos sectores por la muerte de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado en medio de operativos de la fuerza pública.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ningún menor reclutado por grupos armados debe resultar afectado durante operaciones militares, incluso si estos han sido incorporados como combatientes o cumplen funciones continuas de combate dentro de los campamentos ilegales.
Por su parte, la representante Cathy Juvinao, de Alianza Verde, anunció que radicará una moción de censura en contra de Pedro Sánchez, ministro de Defensa, por este caso.
En el comunicado, el Ministerio de Defensa lamentó la muerte de menores de edad en el bombardeo y destacó la recuperación con vida de tres adolescentes que integraban el grupo criminal. “Así mismo, se brindaron los primeros auxilios a un herido y se evacuó a dos sometidos de dicha estructura ilegal, en estricto cumplimiento del principio de humanidad”, agregó.
La cartera de Defensa indicó que la operación militar fue planeada y ejecutada “con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas”.
Afirmó que se tomó la decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, “para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”.
Argumentó además que la medida “se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados”.
“Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la Fuerza Pública”, sostuvo.
Por último, señaló que la Fuerza Pública continuará adelantando acciones “para impedir que más niños, niñas y adolescentes sean instrumentalizados por estas organizaciones ilegales”, destacando que “en lo corrido de este año, gracias al trabajo institucional, se ha logrado una reducción del 34 % en las denuncias por reclutamiento forzado”.
