En aprietos se encuentra el régimen especial de pensiones con el que se ven beneficiados los miembros de la fuerza pública debido a problemas estructurales que amenazan su sostenibilidad fiscal, según alerta la Contraloría.
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Para el órgano de control, la crisis fiscal podría alcanzar los más de $140 billones en pasivos futuros. Entre $42,3 y $62,3 billones en las Fuerzas Militares y entre $58,0 y $80,6 billones en la Policía Nacional.
“Entre 2008 y 2023, las Fuerzas Militares de Colombia experimentaron una disminución sostenida en su personal activo, pasando de 173.9 mil a 158.4 mil efectivos, acompañada de un aumento significativo en el número de retirados, que alcanzaron el 12,8 % del total en 2023”, advirtieron.
Un decreto de 2004 permite a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía retirarse una vez completen los 20 años de servicio sin importar la edad de quien solicita la baja.
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Pese a que existen incentivos para que los miembros de la fuerza pública permanezcan más años activos como el incremento de la asignación hasta un máximo del 85 % de su salario, la edad promedio del retiro ronda los 34 y los 35 años.
La Contraloría encontró, a través de un estudio sectorial sobre los Regímenes Exceptuados y Especiales de Pensiones de la Fuerza Pública (2008–2023), que el número total de beneficiarios del sistema exceptuado (asignación de retiro, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia) aumentó de manera sostenida, pasando de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023. Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por el incremento en las asignaciones de retiro, que representaron el 71,7 % del total en 2023.
Por ello, recomendaron “revisar los requisitos de asignación de retiro para soldados y policías de menor rango, promoviendo criterios de retiro más equitativos y crear reservas actuariales y mecanismos de monitoreo automático que permitan anticipar riesgos y ajustar parámetros demográficos y financieros de manera oportuna”.
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Asimismo, instaron a diversificar las fuentes de financiamiento, mediante mayores aportes de los miembros en servicio, creación de fondos de reserva y uso de recursos de origen extraordinario, como bienes incautados, e implementar reformas graduales que “equilibren la responsabilidad fiscal” del Estado con la “protección de los derechos adquiridos” de quienes integran la Fuerza Pública.
