Luego de que la Procuraduría General de la Nación demandara ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el contrato estatal por 1.3 billones de pesos para la elaboración de los pasaportes colombianos, la Cancillería se pronunció al respecto y habló sobre la expedición de estos documentos.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el servicio de expedición de pasaportes en Colombia se mantiene con total normalidad, pese a la demanda de controversia contractual presentada por la Procuraduría General de la Nación en relación con los convenios suscritos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
La Cancillería aclaró que la acción judicial anunciada por el ente de control no implica ningún fallo en su contra, ni afecta los contratos vigentes para la producción de pasaportes. “A la fecha, la Cancillería no ha sido notificada de auto admisorio de demanda alguno por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, precisó la entidad.
El Ministerio Público explicó que el proceso contencioso apenas comienza y se tramitará en dos instancias —el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado—, por lo que la ejecución de los convenios y la emisión de nuevos pasaportes continúa sin contratiempos.
“La existencia de una demanda no impide en modo alguno que sigan en ejecución los proyectos y programas relacionados con la expedición del nuevo modelo de pasaportes”, subrayó la Cancillería.
Ley Seca en Colombia este sábado 18 de octubre: estas son las ciudades donde aplicará la restricción
La entidad reiteró que cuenta con el Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, el cual garantiza la producción y entrega oportuna de libretas, y afirmó que no habrá desabastecimiento ni interrupción del servicio en ninguna parte del país.
Finalmente, el Ministerio expresó su respeto por las decisiones de la Procuraduría, pero anunció que ejercerá una defensa jurídica integral para demostrar la legalidad de la contratación realizada.
“Este proceso apenas inicia. La Cancillería presentará todos los argumentos de hecho y de derecho para demostrar que la contratación se ajustó a la ley”, puntualizó el comunicado.
