La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, así como partidos y figuras políticas de distintos sectores han expresado su rechazo categórico al plan criminal contra el contralor Carlos Hernán Rodríguez; la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, y la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, advertido este martes por la Presidencia y el Ministerio del Interior.
Las amenazas tienen que ver con aparentes policías retirados que estarían moviendo este plan con apoyo de grupos criminales extranjeros para supuestamente desestabilizar al Ejecutivo y culpar al primer mandatario, Gustavo Petro.
De acuerdo con fuentes citadas por la revista ‘Semana’, “la información fue entregada a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del director de la Policía, general Carlos Fernando Triana”, agregando que “se pidió mantener todo en total reserva porque se supone que están adelantando las investigaciones, no se han conocido mayores detalles”.
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Ante esto, el presidente Gustavo Petro ordenó redoblar los esquemas de protección de los involucrados, mientras que la inteligencia de la Policía adelanta las investigaciones correspondientes.
Tras conocerse esta información, la Defensoría del Pueblo expresó su “profunda preocupación” e hizo un llamado a la unidad “en contra de la violencia en el ejercicio del poder público y de la política”.
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“La posible existencia de un plan para atentar contra sus vidas expresa un grave riesgo para las mujeres en el ejercicio de la política, así como contra un funcionario encargado de una función de control esencial en el marco del Estado de Derecho. Dicho riesgo podría traducirse en la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al ejercicio de derechos políticos. Además, haría un daño muy serio a nuestra democracia”, indicó el organismo en un ‘hilo’ de X.
Destacó la Defensoría que el plan haya sido identificado por el Gobierno nacional y se hayan tomado medidas de protección inmediatas. Además, consideró “fundamental que la Fiscalía pueda avanzar urgentemente en el esclarecimiento de estos hechos y, de ser el caso, en la judicialización de los responsables”.
El procurador General, Gregorio Eljach, también rechazó las amenazas contra Rodríguez, Juvinao y Valencia, y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de cara a las elecciones del próximo año.
“Las amenazas y atentados no serán los protagonistas de las elecciones 2026. Urge que las autoridades garanticen la seguridad de todos los colombianos, y en este proceso electoral, en particular, de los candidatos en todo el territorio, y que nos unamos entorno a la paz electoral”, indicó.
El ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo instó a las autoridades a dar con los responsables de las amenazas contra el funcionario y las congresistas.
“Muy grave. No podemos permitir que los grupos criminales pongan en riesgo nuestra democracia. Mi solidaridad con el señor Contralor y con Cathy Juvinao y Paloma Valencia. Hay que reforzar su protección, pero sobre todo dar con los responsables de estos intentos criminales y desestabilizadores”, señaló.
Felipe Córdoba Larrarte, excontralor general y actual precandidato presidencial, arremetió contra el mandatario Gustavo Petro por no garantizar la seguridad de los aspirantes presidenciales.
“Mientras el presidente guerrillero, Gustavo Petro, levanta la bandera de guerra a muerte, el país se desangra: un presunto atentado frustrado en mi contra en el Huila, un ataque al vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella y ahora esto”, escribió en su cuenta de X.
El representante a la Cámara Julio César Triana aseveró en la misma red social que “nadie debería temer por su vida por servir al país”.
“Toda mi solidaridad con Carlos Hernán Rodríguez, Cathy Juvinao y Paloma Valencia. El Gobierno debe garantizarles todas las condiciones de seguridad. Proteger a quienes participan del debate público es proteger la democracia”, agregó.
El partido Alianza Verde, al que pertenece la representante Catherine Juvinao, emitió un comunicado en el que exige garantías para su seguridad.
“Solicitamos a las autoridades competentes mantener y evaluar permanentemente el esquema de seguridad ya reforzado de la representante Catherine Juvinao, garantizando su eficacia; de igual forma, instamos a avanzar con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables y a seguir fortaleciendo los procesos del Plan Democracia para la protección de liderazgos políticos y servidores públicos en riesgo”, se lee.
