Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, anunció que no asistirá a la audiencia de imputación de cargos programada para este miércoles a las 9:00 de la mañana en Barranquilla. El penalista presentó un oficio en el que pide al juez del caso que tenga en cuenta varios compromisos adquiridos que le impiden presentarse a la diligencia.
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La nueva imputación, solicitada por la fiscal Lucy Laborde, sería por la supuesta contratación irregular en la que habría incurrido Nicolás Petro y su expareja Daysuris del Carmen Vásquez Castro en 2021.
Al parecer, Petro Burgos y Vásquez Castro se habrían beneficiado de contratos con la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Consciencia Social, con la que habrían favorecido con contratos irregulares a familiares y amigos.
De acuerdo con información revelada por ‘El Tiempo’, en el documento presentado por la defensa de Nicolás Petro se indican los motivos por los que no puede asistir a la diligencia.
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“Se requiere conocer todos los documentos de la carpeta incluida o principalmente la petición de programación de diligencia, como consta en escrito de fecha 09 de septiembre que el centro de servicios no contesta aún”, explica Carranza.
Además, Carranza solicitó un aplazamiento para después del 8 de noviembre, debido a que debe cumplir con otras diligencias programadas para el mes de octubre.
“Fui citado con antelación a audiencia inaplazable de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 con Función de Conocimiento, donde actúo como representante de víctima del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. El despacho advirtió que la misma era inaplazable”, señaló en el documento revelado por ‘El Tiempo’.
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“Y por si fuera poco debo acudir a citaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación para ampliación y ratificación de denuncia donde funjo como defensa del señor Presidente de la República, fijadas a las 2:00 p. m. y 2:30 p. m., con imposibilidad material de atender simultáneamente todos los compromisos”, añade.
Ahora, este caso disciplinario se añade al proceso que enfrenta el hijo mayor del presidente Gustavo Petro desde 2023 por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y otros delitos. La Fiscalía lo acusa de recibir dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.
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De acuerdo con la fiscal Laborde, Nicolás Petro se habría enriquecido ilícitamente con 1.053 millones de pesos, que inicialmente serían inyectados a la campaña política de su papá por la presidencia de la República; sin embargo, que se quedaron en sus bolsillos y los de exesposa Day.
Además, la Procuraduría llamó este lunes a juicio disciplinario a Nicolás Petro Burgos, por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el año 2022, cuando se desempeñaba como diputado de la asamblea departamental del Atlántico.
Según el Ministerio Público, Petro Burgos no logró justificar un aumento patrimonial de más de 1.189 millones de pesos (unos 300.000 dólares) entre lo que declaró como ingresos oficiales y los gastos que realizó en ese periodo.
En 2022, sus ingresos como diputado ascendieron a poco más de 219 millones de pesos (unos 50.000 dólares), pero sus gastos superaron los 1.409 millones, lo que “configura un incremento injustificado de su patrimonio económico”.
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La Procuraduría señaló además que, aunque “reportó actividades económicas relacionadas con su profesión de abogado”, entre 2021 y 2023 no presentó la declaración de la renta.
El expediente recoge testimonios de familiares y allegados, así como documentos financieros y notariales, que indicarían la compra de bienes con recursos cuyo origen no fue explicado como una vivienda en Puerto Colombia, que hace parte de las pruebas de la investigación.
