La história primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en contra de los exmiembros del secretariado de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, Farc, han generado tanto aplausos como críticas en los diferentes círculos políticos del país.
Estas primeras decisiones hacen parte del macrocaso 001, con el que el tribunal ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, un trabajo en el que ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.
En este sentido, la JEP condenó a Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda a penas alternativas de ocho años ( sin cárcel) de restricción efectiva de sus derechos como máximos responsables de la política criminal de secuestro de esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano.
Para sancionar a los últimos jefes de las FARC, la JEP documentó tres patrones principales, el primero de los cuales fue privar de la libertad a civiles para obtener recursos económicos mediante el pago de rescates.
Los otros dos fueron retener a miembros de la fuerza pública y a líderes políticos con el propósito de forzar canjes de prisioneros y buscar un reconocimiento político, y utilizar el secuestro como instrumento de control social y territorial en diferentes regiones del país.
“Estos patrones fueron ejecutados bajo la dirección del secretariado (mando) de las FARC con amplia autonomía, con mandos regionales, lo que generó un impacto masivo y prolongado en la población civil, es decir, un fenómeno de macrovictimización”, explicó el magistrado Camilo Suárez.
Víctimas alzaron su voz
Luego de que la sentencia se hiciera pública las víctimas de las Farc rápidamente pusieron el grito en el cielo debido a que, según ellos, las condenas emitidas por la JEP “minimizan” el dolor que sufrieron durante el conflicto armado a manos de los guerrilleros.
Una de ellas fue la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, que estuvo seis años y cinco meses secuestrada por las FARC, quien expresó que recurrirá a la justicia internacional para evitar que los exjefes guerrilleros salgan “impunes” de los horrores que cometieron.
“Nosotros podemos apelar primero ante la misma JEP, podemos después apelar ante la justicia ordinaria, pero yo creo que esto hay que llevarlo hasta la justicia internacional”, expresó Betancourt.
Renglón seguido, la excandidata señaló que se siente decepcionada debido a que el Acuerdo de Paz estaba basado en “la no impunidad, es decir, garantizar que efectivamente los crímenes de guerra y de lesa humanidad fueran castigados”.
“Es decir, que los colombianos salimos a deberles y en particular las víctimas, que somos las que vamos a terminar pagando para que ellos hagan el desminado, para que ellos hagan los procedimientos ambientales, para que ellos hagan la búsqueda de los desaparecidos. Esto es el mundo al revés”, agregó.
Además de Betancourt, dos órganos de control colombianos, la Procuraduría y la Defensoría, advirtieron algunos desafíos que deben resolverse para garantizar una implementación efectiva de las sanciones impuestas por la JEP.
“Aún no hay claridad sobre cómo se compatibilizarán con el ejercicio político; la consulta a las víctimas en los próximos 30 días será esencial para fortalecer su participación y la legitimidad de las sanciones; aunque son restaurativas, también deben tener un carácter retributivo mediante restricciones de movilidad y condiciones específicas bajo supervisión de la JEP y la ONU; y, en caso de apelación, se recomienda avanzar en la ejecución de los proyectos restaurativos mientras se resuelve”, indicó Iris Marín, defensora del Pueblo.
En este sentido, Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, anunció el estudio detallado de la sentencia y no descartó una posible apelación al fallo.
“Tenemos listo nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso, no descartamos que haya alguna medida de apelación ante lo que se decidió en ese fallo”, explicó.
De acuerdo con Eljach, “lo deseable es una justicia pronta. Dice el profesor de Procesal Penal que el tiempo que pasa es la prueba que huye. Y creo que ocho años es un tiempo bastante dilatado para obtener unos resultados que ojalá no solamente estén dentro de lo que se acordó en La Habana y se ratificó aquí en el Colón en el 16, sino que realmente esté acorde con las expectativas de los colombianos que hemos sido víctimas de una violencia que se ha vuelto ya eterna en Colombia y que aun con el acuerdo que se hizo, persiste con otros actores distintos, pero seguimos igual o peores que en aquellas épocas”.
Además, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, también expresó su preocupación por “la falta de claridad de las sanciones” contra los exjefes de las FARC, en especial sobre la “implementación efectiva de las restricciones de libertades y derechos” y de garantizar un “sistema riguroso de verificación”.
Según Goebertus, la JEP anunció la imposición de “dispositivos electrónicos” para los condenados “pero guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad. Subsanar este defecto es fundamental para cumplir la obligación de sancionar crímenes internacionales”.
Más críticas
El excongresista Jaime Felipe Lozada, quien fue secuestrado durante tres años por las Farc, criticó duramente la decisión de los magistrados de la JEP y arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos, el impulsor del Acuerdo de La Habana, por los supuestos beneficios que le ofreció a los guerrilleros.
“Permanecí tres años secuestrado por la guerrilla de las Farc, mi hermano Juan Sebastián igualmente permaneció secuestrado el mismo tiempo, a mi mamá Gloria Polanco la secuestraron durante casi ocho años y a mi papá Jaime Lozada el mismo grupo guerrillero lo asesinó en el año 2005, en cuyo atentado resulté herido. Lo digo sin rencor pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente”, criticó Lozada en su cuenta de X.
“Se equivoca señor expresidente Santos. Nunca habrá paz, ni se podrán cerrar las heridas generadas en el conflicto mientras las víctimas sigamos siendo revictimizadas y a nuestros victimarios con enormes cargas de impunidad se les trate con excesiva condescendencia y contemplación”, lamentó.
Por su parte, la Fundación Defensa de Inocentes apeló la decisión de la JEP debido a que el fallo “no cumple con los estándares establecidos en el acuerdo de paz ni con la normativa internacional”.
“La sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos, incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz”, advirtieron.
