La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) aseguró este jueves que las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra doce exmilitares y siete exjefes de las FARC son un paso en la lucha contra la impunidad.
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“La MAPP/OEA reconoce estos avances como un anhelado paso en la lucha contra la impunidad y como una oportunidad para dignificar a las víctimas”, señaló la Misión en un comunicado.
La JEP, creada por el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, condenó este jueves a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de guerra y de lesa humanidad como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, durante el conflicto armado colombiano.
Todos los militares reconocieron haber participado en 135 asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron, además, 192 víctimas indirectas en los departamentos de Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, período que coincide en su mayor parte con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
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Igualmente, en su primera sentencia, emitida el martes, el alto tribunal condenó a siete integrantes del último mando de las FARC a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro”.
Las sanciones impuestas, que son las primeras dictadas por la JEP y las máximas previstas por la justicia restaurativa para quienes reconozcan su responsabilidad en los hechos investigados y aporten a la verdad, no conllevan penas de cárcel, sino trabajos y acciones sociales.
Esos trabajos incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, una acción integral contra minas, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas.
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“Estas decisiones judiciales, dictadas a los máximos responsables de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, buscan contribuir a la restauración del daño causado y a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, agregó la MAPP/OEA.
Igualmente, la Misión insistió en la necesidad de garantizar “el rol central de las víctimas en todo el proceso judicial ante la JEP, así como en la implementación efectiva de las sanciones restaurativas, asegurando que todas las víctimas, sin exclusión, sean tenidas en cuenta en cada etapa del proceso”.
