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La Policía Nacional incautó un celular de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, durante un operativo de control realizado en la mañana de este miércoles 3 de septiembre en las instalaciones de Carabineros de la Policía de Bogotá, ubicadas en la parte alta del Parque Nacional.

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La revisión, que comenzó alrededor de las 7:00 a. m., se llevó a cabo luego de que autoridades judiciales alertaran sobre presuntas comunicaciones no autorizadas desde el centro de detención. Según fuentes consultadas, se identificaron llamadas de celular y el uso de equipos electrónicos que están prohibidos para los internos.

Durante la diligencia fueron incautados varios teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, uno de ellos de Epa Colombia, quien cumple una condena de 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

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El Inpec no descarta ordenar traslados de algunos detenidos por el incumplimiento de las normas carcelarias.

La ‘influencer’ fue trasladada el pasado 20 de agosto de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá, luego de que el Ministerio de Justicia y el Inpec concluyeran que existían amenazas contra su vida y dificultades para recibir atención médica en el centro penitenciario.

Entre los internos de Carabineros también se encuentra Sandra Ortiz, procesada por presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). También está recluida Cielo González, exgobernadora del Huila, investigada por hechos relacionados con el mismo escándalo.

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En medio de este escenario, se conoció que el abogado penalista Oswaldo Medina renunció en las últimas horas a la defensa de Sandra Ortiz. Aunque, cabe resaltar, personas cercanas a la exconsejera aclararon que esta decisión no guarda relación con los hallazgos del Inpec en Carabineros.

Las autoridades definirán si se aplicarán medidas disciplinarias adicionales a los internos implicados en el uso indebido de equipos electrónicos.