La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asumió el estudio en segunda instancia de la acción de tutela con la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recobró su libertad el pasado 19 de agosto luego de casi tres semanas bajo prisión domiciliaria por orden de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
La togada había ordenado la privación de libertad inmediata contra Uribe Vélez el mismo día (1 de agosto) que lo condenó en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.
El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la jueza justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar “la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una “motivación aparente”.
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El Tribunal Superior de Bogotá, que es el mismo que resolverá la apelación en segunda instancia, acogió los argumentos de la defensa y revocó el 19 de agosto la detención domiciliaria del expresidente.
Según el tribunal, “los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos”, al tiempo que consideró “ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”, como señaló la jueza en su sentencia.
Esta decisión del tribunal fue impugnada por las víctimas del caso contra Álvaro Uribe Vélez, por lo que ahora la acción de tutela que presentó la defensa del expresidente será estudiada por la Corte Suprema de Justicia.
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Serán los magistrados Myriam Ávila Roldán, Gerson Chaverra y Diego Eugenio Corredor Beltrán, de la Sala de Casación Penal, quienes estudiarán el recurso de amparo interpuesto por los abogados de Uribe.
Ellos determinarán si la acción de tutela fue procedente y si se vulneraron derechos fundamentales con la privación inmediata de la libertad, tal como alegó la defensa.
En ese sentido, quedó en manos del alto tribunal la decisión de si el exmandatario vuelve a detención domiciliaria o espera en libertad el fallo de segunda instancia sobre la condena en su contra.
