Durante el primer debate del Presupuesto 2026 este martes en las Comisiones Económicas Conjuntas, radicado por $557 billones, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la ley de financiamiento o reforma tributaria que se presentará en los próximos días por $26,3 billones gravará el consumo a los licores y el tabaco.
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El jefe de la cartera económica indicó además que se revisarán los beneficios tributarios del IVA, especialmente aquellos aplicados al consumo de bienes y servicios que mayoritariamente, afirmó, utilizan las personas con mayores ingresos.
Así mismo, se plantea aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como fortalecer la tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y los llamados impuestos saludables.
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“No vamos a tocar la canasta familiar”, aseguró el funcionario.
Al presentar el proyecto de la renta pública para el año entrante, Ávila advirtió que “la política fiscal actual se desarrolla en un contexto sin precedentes de la realidad del país, hemos acumulado un nivel de inflexibilidad en el gasto que para el 2025 representó un 93%, compuestos por los salarios de la fuerza pública y sistema judicial, el SGP, salud y pensiones. No es el producto de decisiones recientes sino de la acumulación de una serie de presiones en materia de gasto público”.
A esto se suma, anotó, la caída inédita del recuadro tributario de la DIAN en 2024 de $18,4 billones.
Para 2025, indicó, $490 billones fueron inflexibilidades de un Presupuesto de $523 billones, y para 2026 de un Presupuesto de $557 billones, hay inflexibilidad en $509 billones.
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“Para el año entrante el servicio de la deuda pública representa $102 billones en 2026, el SGP es de $88 billones, pensiones es de $87 billones, gastos de personal $66 billones, de los cuales un 81% son de defensa, Policía, Rama Judicial, Fiscalía y JEP, y el resto se distribuye en los demás órganos de la administración pública; y $51 billones en aseguramiento en salud, establecimientos públicos $28 billones, vigencias futuras o compromisos del Estado en obra pública $15 billones y rentas de destinación específica $19 billones”, añadió el jefe de la cartera económica.
Por ello, afirmó Ávila, “las decisiones de programación del Presupuesto están determinadas en principio por este altísimo grado de inflexibilidad del gasto. Por eso hemos activado la cláusula de escape como una señal de responsabilidad fiscal, ya que el gasto inflexible avanza más que los ingresos y el ajuste requerido equivale al 3,6% del PIB para cumplir con el esquema de la regla fiscal, lo que conduciría a una parálisis del aparato estatal con efectos significativos: afectaría 1,8 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento económico, el desempleo y la inflación aumentarían en 0,8 puntos porcentuales, y el recaudo tributario en el 0,1%”.
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Indicó al respecto que en esta coyuntura es prioritario asegurar el crecimiento económico, que asegura los ingresos tributarios.
“En el gasto fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en total van desde 2022 $79 billones, esto equivale a más de tres reformas tributarias actuales y reformas anteriores tal vez cinco, porque en la pandemia se tomó la decisión de mantener estancados los precios de los combustibles y esa brecha se fue acumulando en proporciones significativas y lo que antes se manejaba como deuda, en 2022 pasó a ser un gasto fiscal: el impacto que ha tenido ha sido una contracción de toda la capacidad de inversión y de ejecución, porque el Gobierno tuvo que subsidiar la gasolina y es de los subsidios más regresivos en una estructura presupuestal porque está llegando a sectores sociales y económicos muy distintos a los que deberían ser atendidos con prioridad, es un subsidio para estratos medios y altos”.
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Y advirtió el ministro de Hacienda que “al igual están los subsidios a la energía y gas que están generado un gasto fiscal desde 2022 de $18,2 billones adicionales de impacto en el Presupuesto. Y otro factor ha sido el de las amortizaciones del crédito que pidió el Gobierno para atender la pandemia, que fue financiada por el FMI por cerca de 5.600 millones de dólares con un periodo de gracia de tres años y un periodo de amortización, y en los dos últimos años se han pagado $23 billones”.
