Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y figura clave en el círculo político del presidente Gustavo Petro, continúa prófugo de la justicia colombiana.
Desde finales de 2024, se encuentra en Nicaragua y, según documentos recientes, habría obtenido residencia legal en ese país, generando una nueva controversia política y diplomática.
Su residencia fue renovada el mismo día de su imputación, documentos oficiales muestran que el 21 de mayo de 2025, en relación a la imputación por corrupción en la Ungrd, la Embajada de Colombia en Nicaragua gestionó la renovación de su residencia legal. El Ministerio del Interior nicaragüense posteriormente le permitió completar el trámite al pagar 56 dólares.
Según revelaciones, la Embajada en Managua habría alojado al exfuncionario durante varias visitas en la mansión ubicada en el exclusivo barrio de Las Colinas, compartiéndola con diplomáticos como el exembajador León Fredy Muñoz. Este negó irregularidades, indicando que las estancias fueron cortas y sin el uso de vehículos oficiales.
“Él solo usó su automóvil personal durante salidas conjuntas”, expresó Muñoz.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la nota enviada desde la embajada no fue consultada ni autorizada por la Cancillería, y se emitió durante un periodo de transición diplomática.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la Nota Verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua, publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en la que se hace referencia al ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”, dice inicialmente el comunicado.
Asimismo, el presidente Gustavo Petro aseguró este jueves 14 de agosto en su red social X que su gobierno no ha solicitado ningún tipo de privilegio migratorio para González.
“En la cancillería de Colombia no hay ninguna solicitud de otorgamiento de residencia del señor Carlos Ramón González, al gobierno de Nicaragua”.
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En el mes de julio, González renunció como director de Inteligencia y actualmente está siendo señalado de presuntamente ordenar a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortíz, de sobornar a los expresidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name.
“La ciudadana (Sandra Ortiz) conocía que, en asocio con Carlos Ramón González (entonces director del Dapre), estaba traficando influencias en Olmedo López para obtener recursos ilícitos de contratación de la Ungrd en favor de Iván Name”, dijo la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.
En medio de la imputación contra Sandra Ortíz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, el exdirector de la Ungrd Olmedo López aseguró que González dio la orden para entregar un soborno de 3 mil millones de pesos a Iván Name quien fue presidente del Senado para ese momento.
“En Bogotá, entre septiembre y de diciembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por 60.000 millones a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado Iván Name; por un valor superior a los 10.000 millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz. Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la UNGRD, que Olmedo López entregaría”, dijo la fiscal María Cristina Patiño.
Cabe recordar que la UNGRD ha estado vinvulada a presuntos sobrecostos, sobornos y otras irregularidades en contratos, especialmente en la compra de carrotanques para proveer agua a La Guajira.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es señalado de ser el artífice de un supuesto esquema de corrupción para ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara) a cambio de tramitar proyectos y reformas del Gobierno Nacional. Todo esto, con dineros arañados de la corrupción que se enquistó en Gestión del Riesgo.
