El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, defendió el trabajo de la institución que dirige y afirmó que recibieron “una deuda de la justicia ordinaria de más de cincuenta años”, durante una entrevista con EFE en Nueva York, con motivo de su visita para participar en el debate trimestral en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el proceso de paz colombiano.
“Impunidad es no investigar ni sancionar. Hemos hecho macroinvestigaciones en algunos caos mayores que los de la justicia ordinaria en su momento, contra personas nunca investigadas y por delitos nunca investigados”, añadió Ramelli, consciente de las críticas de supuesta ineficacia y laxitud que ha afrontado la JEP por parte de la sociedad colombiana.
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Ramelli puso como ejemplo que “nunca” antes se habían llevado a los tribunales los casos de “los 18.000 niños y niñas reclutados” por la guerrilla; “la violencia sexual” dentro de los grupos armados; la investigación de mandos medios de las FARC; o que no se había imputado a generales por ejecuciones extrajudiciales.
Aquello “era impunidad”, y esto “es justicia”, recalcó el presidente de la JEP, desplazado a Nueva York para asistir al debate trimestral en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016.
“No es que un caso solo se haya demorado siete años”
Se espera que en los próximos meses la JEP emita sus primeras sentencias, una de ellas en un juicio “adversarial”, donde el acusado, el coronel retirado Publio Hernán Mejía, no ha contribuido con “la verdad” ni ha aceptado su responsabilidad.
“No es que un caso solo se haya demorado siete años (...) Previamente a llegar a ese juicio fueron seis años de macroinvestigación y eso es muy diferente a lo que sucede en cualquier juicio en Colombia”, respondió Ramelli ante las quejas por la supuesta lentitud del proceso.
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Próximamente también se aguarda el dictamen de otras dos sentencias por el sistema restaurativo -con penas que no conllevarían cárcel- por casos de antiguos comandantes de las FARC y también contra doce antiguos integrantes del Batallón La Popa del Ejército Nacional de Colombia (en el departamento de César) que aceptaron su responsabilidad.
Al ser preguntado por cómo la JEP está trabajando con estos últimos casos, argumentó que han sido claros y que los sacarían del “novedoso sistema” de penas restaurativas si “no aportan verdad” y volverían entonces a ser procesados por la justicia ordinaria.
“Aquellas personas que no aporten verdad o que nosotros identifiquemos que francamente están mintiendo, salen del sistema. El sistema no obliga a nadie a aceptar responsabilidad. (Pero) lo que no se puede hacer es mentir”, recalcó Ramelli.
El papel de las comunidades en penas restaurativas
El magistrado concretó también que las sentencias restaurativas serán las “más difíciles de monitorear”, pero que le dará seguimiento la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la JEP a través de la Secretaría Ejecutiva con personal en terreno.
No obstante, aclaró que el papel principal lo tendrán “las propias comunidades” al advertir a las autoridades de un supuesto incumplimiento, con el temor que esto puede producir entre los miembros de pequeñas poblaciones aún bajo influencia de guerrilla o paramilitares en la que todos los vecinos se conocen.
Ramelli, que fue elegido a mediados de octubre para liderar ente encargado administrar la justicia transicional en Colombia, consideró que sus primeros meses en el cargo dejan “un buen balance”.
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Subrayó así que han conseguido una “articulación muy importante” con el Gobierno colombiano para las acciones restaurativas y también que “han acercado al sector privado” para que se involucre, entre otros aspectos, en el desarrollo de nuevas construcciones con fines de reparar a las víctimas.
“Sobre los casos que todavía están abiertos, ha habido resultados y ya estamos programando su cierre. El cierre jurídico del conflicto es muy importante, y también darle seguridad a los que participaron en el mismo”, concluyó el presidente de la JEP, mientras los enfrentamientos entre guerrilla, disidentes, Ejército y paramilitares sigue asolando a la sociedad colombiana.
