La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, envió una carta a los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) en la que expresa su preocupación sobre el cierre judicial definitivo de procesos penales en contra de comparecientes ante este tribunal, especialmente de los firmantes del acuerdo de paz por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
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La jefa del ente investigador recordó que entregó a la JEP 17 informes que daban cuenta de 223.282 casos relacionados con el conflicto armado, con 280.471 personas indiciadas y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
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“Estos informes, junto con otros que entregaron autoridades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y de derechos humanos, fueron los insumos principales para que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP (SRVR), en aplicación de su modelo de su modelo de priorización y selección, ordenara la apertura de 11 macrocasos”, dice la misiva.
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Para la Fiscalía “resulta preocupante” que las decisiones que ha adoptado la Sala de Reconocimiento de Verdad no incluyan la totalidad de investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión.
“Esto deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”, agrega.
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En ese sentido, el ente investigador mencionó el Macrocaso 07 sobre “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado y otros crímenes cometidos en su contra en el marco de la vida intrafilas, incluyendo malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio”.
En este macrocaso, en 2017, se reportaron 4.219 investigaciones atribuibles a las FARC-EP en todo el país con 5.043 procesados. Sin embargo, la JEP ha “identificado 440 radicados de la jurisdicción ordinaria en contra de integrantes de las antiguas FARC-EP por hechos de interés del Caso 07, de los cuales 294 se encuentran a disposición del despacho relator”.
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Ante este panorama, la Fiscalía propuso “una articulación cada vez más enfocada en la identificación y remisión de expedientes penales de manera que se logre la adopción de decisiones judiciales que permitan ampliar el marco de definición de la situación jurídica de los comparecientes y el cierre de los procesos que los vinculan, muchos de los cuales siguen abiertos en la Fiscalía”.
