Los productores arroceros del país ya iniciaron el nuevo paro nacional desde este lunes 14 de julio, en una movilización que abarca ocho departamentos del país. La protesta, liderada por el gremio arrocero del Tolima, busca exigir mejores condiciones para un sector que atraviesa una crisis más profunda que la registrada a principios de 2025.
Tolima, Huila, Casanare, Meta, Arauca, Guaviare, Córdoba y Sucre son los departamentos que participarán en las jornadas de movilización y bloqueos viales. Los firmantes del acuerdo de Chicoral, que permitió levantar el anterior paro arrocero en enero pasado, han adelantado mesas de trabajo en Chicoral, Saldaña y Armero para coordinar los detalles del nuevo cese de actividades.
Estas son algunas de las afectaciones viales:
Los principales corredores viales que se verán afectados incluyen el municipio de Saldaña en el sur del Tolima, el cruce Armero-Líbano en el norte del departamento, y la intersección vial Chicoral-Bogotá-Ibagué, arteria crucial que conecta la capital con el occidente del país a través del Alto de La Línea.
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Según los voceros del gremio tolimense, la situación actual del sector es “aún más compleja” que la vivida a comienzos de año. Los productores denuncian abandono estatal, precios que consideran inviables para la sostenibilidad de sus cultivos y una concentración del mercado que afecta la competitividad del sector.
El contexto de la protesta se enmarca en una crisis de sobreoferta que ha saturado el mercado nacional. De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, el inventario nacional de arroz en junio de 2025 alcanzó las 534.940 toneladas, lo que representa un incremento del 67,8% sobre el promedio de la última década. Esta sobreoferta no ha sido absorbida adecuadamente por el sistema de comercialización actual, generando distorsiones en los precios.
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Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura publicó horas antes del inicio del paro un proyecto de resolución para someter al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios. La medida busca establecer un valor concertado entre campesinos y productores para evitar pérdidas económicas. Según la cartera ministerial, la resolución pretende “garantizar una formación transparente de precios que reflejen el estado actual del mercado”, considerando factores como insumos, logística y el cobro del agua que afectan la estructura de costos.
El Ministerio justificó la necesidad de implementar “de manera temporal un sistema de corrección a los posibles precios” debido al exceso de oferta que caracteriza el mercado arrocero nacional. Los productores señalan que la variabilidad en los precios, afectada por múltiples factores de la cadena productiva, ha generado incertidumbre y pérdidas en el sector.
