Un rotundo no le dio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a una posible colaboración de los condenados por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci quienes dicen que darán nombres y otras informaciones que aún no se conocen y que pueden dar con las razones detrás del homicidio y con los autores materiales del hecho.
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El diario El Tiempo reveló que la solicitud de colaboración fue hecha el pasado 13 de marzo y tras un proceso de verificación tres meses después, el 12 de junio, la jefa de la Fiscalía General de la Nación la rechazó.
La alta funcionaria argumentaba en la comunicación que el artículo 416 de la ley 600 del 2000 prohíbe la acumulación de beneficios a los condenados -los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, y Margareth Lizeth Chacón, todos ya sentenciados por el asesinato del fiscal en las playas de Barú en Cartagena.
“Los aspirantes fueron condenados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado, a la pena principal de 306.9 meses de prisión, luego de obtener una rebaja de pena del 45 % por haberse allanado a cargos. En ese sentido, el beneficio por colaboración es improcedente. Por consiguiente, se rechazará la solicitud de beneficios por colaboración por las razones señaladas”, detalla la Fiscalía en su respuesta dada a conocer por El Tiempo.
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Los hermanos condenados decían que podían entregar nombres de los grupos criminales que estuvieron detrás del hecho de sangre y la responsabilidad en el mismo.
También indicaron que revelarían como se contactaron, dónde los podrían ubicar y las motivaciones que llevaron a cometer el crimen del que ya se cumplen tres años, sin muchos avances en las investigaciones.
“Iban a identificar a los miembros de la organización (la junta del narcotráfico de Dubái) y establecer las participaciones individuales en la ejecución del homicidio”, expusieron.
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Además de eso se comprometían a señalar a los financiadores, al encargado de entregarle los dineros a Francisco Luis Correa Galeano, el otro condenado que murió asesinado en prisión y quien fue el sicario. En ese sentido, dirían de donde salieron los recursos con que se financió el ataque.
Pese a toda esa larga lista de detalles que expondrían y que ayudarían a esclarecer el crimen de Pecci, la respuesta de la fiscal fue contundente. Y es que los tres sentenciados temen correr la misma suerte que Correa Galeano en la cárcel por lo que procedieron a elevar su petición de colaboración.
Su objetivo era que a cambio de toda esta información ellos pudieran recibir beneficios punitivos principalmente para Chacón quien insiste que no estaba enterada del plan para matar al funcionario extranjero, cosa que los hermanos Hoyos también sostienen.
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Ante la inesperada respuesta de la fiscal general, la defensa de los acusados presentó un nuevo recurso para que se revoque la negativa a la colaboración diciendo que lo que buscan no se trata de un beneficio sino de un derecho.
“Siendo coherentes con lo que hemos venido manifestando, solo resta señalar que, si la rebaja de pena por allanamiento a cargos constituye un derecho, también lo es —y con mayor jerarquía— el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Este último tiene rango constitucional en virtud del bloque de constitucionalidad y la aplicación del derecho convencional”, justifican, según lo expuesto por el medio capitalino.
