A través de una queja disciplinaria piden suspender del cargo al jefe de gabinete, Alfredo Saade, por una presunta extralimitación de funciones en el lío de los pasaportes.
Lea también: Portugal aprueba formalmente el memorando de entendimiento con Colombia para producción de pasaportes
La querella fue presentada por el abogado Leinder Molina Miranda presentó ante la Procuraduría General de la Nación, entidad que ya había ordenado la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Saade y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.
Así las cosas, esta queja será estudiada por el Ministerio Público, que tendrá que determinar si se hace efectiva o no la suspensión del cargo mientras avanzan las respectivas indagaciones en el marco de este escándalo.
En la querella señalan al funcionario de haber asumido un rol decisorio sin competencia legal, teniendo en cuenta que el proceso de los pasaportes corresponde exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, en la queja disciplinaria se advierte que las conductas descritas podrían constituir faltas gravísimas a título de dolo por usurpación de funciones, intervención indebida en la contratación estatal, uso de información inexacta y afectación a la autonomía de órganos constitucionales.
Según testimonios recogidos en el informe pericial tras la inspección de los entes de control a las sedes de la Cancillería y la Imprenta Nacional, Saade habría ordenado “demorar las citas para hacer rendir el inventario de libretas”.
Vale mencionar que en una entrevista con la revista Cambio, la excanciller Sarabia aseguró que su equipo le hizo saber que Saade “les ordenó demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el stock de pasaportes que queda. Cuando le pregunté por qué se había atrevido a dar tal instrucción, me contestó que demorarle las citas a la gente no tenía problema y que así el stock de pasaportes alcanzaba para más tiempo”, detalló.
Implementación de pasaportes con nuevo contratista tardará siete meses
Incertidumbre y presuntas improvisaciones frente a la elaboración de pasaportes. Esa fue la conclusión a la que llegó el procurador delegado para la vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, tras una inspección a las instalaciones de la Cancillería, en el marco de una visita administrativa relacionada con la actualidad de la producción y expedición de dichos documentos.
Le puede interesar: “Hay informaciones contradictorias”: la preocupación de la Procuraduría frente a crisis de pasaportes
Además de insistir en que la Imprenta Nacional, entidad a la que la Cancillería busca dejar la elaboración de los pasaportes a partir del 1 de septiembre cuando se acaba la prórroga con la compañía Thomas Greg, no tiene la capacidad para la elaboración de los pasaportes, el procurador delegado afirmó que la implementación de dichos documentos con un nuevo contratista tardaría siete meses.
En diálogo con Blu Radio, Melgosa también afirmó que una de las principales preocupaciones es que aún no hay un contrato interinstitucional suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y una vez se firme este documento el proceso de implementación tardará siete meses.
