Incertidumbre y presuntas improvisaciones frente a la elaboración de pasaportes. Esa fue la conclusión a la que llegó el procurador delegado para la vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, tras una inspección a las instalaciones de la Cancillería, en el marco de una visita administrativa relacionada con la actualidad de la producción y expedición de dichos documentos.
Además de insistir en que la Imprenta Nacional, entidad a la que la Cancillería busca dejar la elaboración de los pasaportes a partir del 1 de septiembre cuando se acaba la prórroga con la compañía Thomas Greg, no tiene la capacidad para la elaboración de los pasaportes, el procurador delegado afirmó que la implementación de dichos documentos con un nuevo contratista tardaría siete meses.
“No se tiene claro quién va a prestar el servicio (...) La Imprenta Nacional hoy no tiene la capacidad para la elaboración de los pasaportes”, dijo Melgosa a RCN.
En diálogo con Blu Radio, Melgosa también afirmó que una de las principales preocupaciones es que aún no hay un contrato interinstitucional suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y una vez se firme este documento el proceso de implementación tardará siete meses.
Al respecto explicó que este plazo fue fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad encargada de establecer las pautas internacionales para la fabricación de documentos de identidad como los pasaportes.
En un documento de la Cancillería firmado con esta organización desde 2022, se estipula que el cambio de contratista requiere una implementación mínima de siete meses.
“Esto no es de un día para otro. El documento establece claramente que este proceso tiene que cumplir con unos tiempos y estándares internacionales”, afirmó Melgosa a Blu Radio.
Tras la visita, el procurador delegado concluyó que “hay unas presuntas improvisaciones, una indebida planeación que no data de hoy, sino desde hace varios años”.
Preocupación de la Procuraduría
Desde Barranquilla, el procurador Gregorio Eljach resaltó que es una situación de la mayor importancia, teniendo en cuenta el impacto que genera para la ciudadanía en general.
“Ese es un tema que, de verdad, nos tiene preocupados a todos los colombianos. No es posible que lleguemos a una situación calamitosa en la que los ciudadanos no puedan ejercer su derecho constitucional a la libre movilidad, no solo en el interior del país, sino por el mundo”, dijo el líder del Minusterio Público al término de su intervención en el acto de cierre del Foro de Desarrollo Local de la Ocde.
