La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Sarabia Torres, en su condición de ministros de Relaciones Exteriores, y Alfredo Saade Vergel, jefe de despacho presidencial, por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes.
Tras el anuncio del organismo de control, el excanciller Murillo aseguró que la ciudadanía “merece total transparencia”.
“La Imprenta Nacional hoy no tiene la capacidad para la elaboración de los pasaportes”: Procuraduría
“Celebramos que la Procuraduría adelante una investigación objetiva y rigurosa. La ciudadanía merece total transparencia y plena confianza en el manejo de lo público.”, dijo.
En su mensaje compartido en redes sociales, Murillo manifestó que lideró un modelo de pasaportes legal y responsable.
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“El modelo de pasaportes que lideré fue legal, responsable y se desarrolló bajo estándares internacionales, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. La urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría, como una acción legal y necesaria para garantizar la continuidad del servicio.”, manifestó.
Asimismo, reiteró que esta revisión de la Procuraduría permitirá “despejar dudas”.
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“Esta revisión permitirá despejar dudas, corregir imprecisiones y fortalecer la confianza institucional.”, concluyó.
Razones de la Procuraduría para abrir la investigación
De acuerdo con el ministerio Público, Murillo y Sarabia no estructuraron de “manera eficiente y oportuna” el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, “aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024″.
Renglón seguido, la PGN indicó: “en el caso de Sarabia Torres, habría conocido en abril de 2025 que el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional”.
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En el caso de Saade, se indaga si el jefe de gabinete se extralimitó en el ejercicio de sus funciones “al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.
En este sentido, se solicitó el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, para que a través de inspección a la Imprenta Nacional, determine si tiene o no la capacidad técnica para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes.
