BOGOTÁ. Este jueves se conoció que la ex asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, firmó un principio de acuerdo con la Fiscalía por medio del cual se convertirá en testigo clave en el proceso que se sigue por la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
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Para el próximo 22 de julio quedó agendada la audiencia para que un juez legalice el principio de oportunidad de la exfuncionaria con el ente acusador.
La economista fue imputada semanas atrás por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, luego de que la Fiscalía la señalara de coordinar con el ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la disposición de más de $92 mil millones para contratos hacia empresas cercanas a algunos congresistas en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), con la presunta finalidad de influir en las decisiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público frente a la aprobación de endeudamientos del Estado.
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El organismo de investigación penal había anunciado que una vez se legalizara el acuerdo con Benavides, iría tras el exministro Bonilla, quien se convertiría en el quinto ex alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro llamado a responder por el escándalo de corrupción en la Ungrd.
En medio de este mismo episodio, varios congresistas están siendo revisados por la Corte Suprema de Justicia.
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En un comunicado el alto tribunal reportó en noviembre pasado que la Sala de Instrucción había abierto investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio.
“La decisión de la Sala, relacionada con presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), concierne a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera”, se lee.
El máximo tribunal de la justicia ordinaria indicó que para esta decisión se tuvieron en consideración más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales.
“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd. En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, explica el documento.
