La Contraloría General de la República publicó recientemente un informe que revela deterioro que han tenido las EPS que han sido intervenidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En lo revelado por la entidad se evidencia que las prestadoras de salud han empeorado sus condiciones financieras y operativas, lo que pone en riesgo a millones de colombianos.
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El informe señala que en la actualidad son 12 las EPS intervenidas, entre ellas Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, entre otras, que forman parte de las más grandes del país. Entre todas estas concentran el 59,2 % de la población afiliada al sistema, es decir, cerca de 29,5 millones de usuarios.
La Nueva EPS, que tiene casi 12 millones de afiliados, presenta una de los casos más graves. La prestadora de salud no cuenta con estados financieros certificados y su patrimonio es negativo.
“La entidad presenta un riesgo elevado de insolvencia, lo cual amenaza directamente la garantía de atención a sus afiliados en todo el territorio nacional”, se lee en el documento de la Contraloría.
Por su parte, se lee que Coosalud, intervenida desde noviembre de 2024, reportó ingresos por $5,3 billones, pero sus costos en salud superan los $6,1 billones. Un caso parecido es el de Famisanar, con una brecha entre ingresos y costos.
De igual forma, Sanitas, que fue intervenida en abril de 2024, registra ingresos por cerca de $9,9 billones, pero sus costos en salud ascienden a $10,9 billones.
En todas estas EPS se han registrado un aumento de quejas de los usuarios, así como acciones de tutela, lo que es clara evidencia de un deterioro en el servicio.
“Pese a las medidas de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no cumplen con uno o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia”, también se lee en el informe.
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Se agrega: “Diversas auditorías y pronunciamientos de la Contraloría General de la República han evidenciado deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y con los proveedores de tecnologías en salud, generando un crecimiento sostenido de la deuda vencida, afectaciones en la atención a los usuarios y riesgos fiscales para el sistema de salud”.
También se lee: “El crecimiento porcentual de afiliados, producto del traslado de usuarios de las EPS liquidadas, ha generado una carga económica adicional sobre las entidades receptoras, afectando directamente la planeación del riesgo, la suficiencia financiera y la estabilidad de estas EPS, lo que se traduce en barreras de acceso, demoras en tratamientos y un deterioro en la calidad del servicio”.
Además, se ha registrado un aumento en las quejas de los usuarios y en las acciones de tutela, lo que refleja una caída en la calidad del servicio.
