La Contraloría informó este miércoles en un comunicado que estableció hallazgos fiscales por $593.737 millones en el manejo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“El hallazgo de mayor cuantía es por $593.352 millones y se configuró por la omisión de la actualización e indexación de sumas pactadas en contratos suscritos con la empresa Electricaribe S.A. E.S.P.”, se lee.
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Se trata de los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146 suscritos con Electricaribe S.A. E.S.P., en los cuales no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los correspondientes intereses moratorios, indica el ente de control.
“Una situación similar se evidenció en los contratos No. 180 y 181, en relación con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula tercera, donde se estableció un plazo máximo de 12 meses para el pago de los recursos derivados de tales contratos y que, una vez vencido el término, Electricaribe quedaría comprometido con el pago de intereses moratorios sobre el monto del capital en mora. En consecuencia, se concluye que el Fondo Empresarial no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados”, señala la Contraloría.
Sostiene el organismo de control fiscal que pese a que los contratos incluían cláusulas específicas para el ajuste financiero de los montos prestados, el Fondo Empresarial no efectuó dicho procedimiento ni adoptó acciones para garantizar el recaudo oportuno, lo cual generó un deterioro del valor de los recursos públicos comprometidos.
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El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene como propósito principal fortalecer la capacidad de la Superintendencia en el desarrollo de procesos de toma de posesión, tanto en su fase de administración temporal como en liquidación, con el fin de salvaguardar la continuidad y la viabilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
