Fue judicializado el ex director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
“Se trata del abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la Ungrd; el representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la dirección de Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la Ungrd, Óscar Enrique Cárdenas Angulo”, se lee en el reporte de la Fiscalía.
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Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia los imputó de acuerdo con su rol y grado de participación individual por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
“Entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%. Los contratos direccionados están relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de los mismos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional”, agrega el ente acusador.
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En octubre de 2023, fue suscrito el contrato para la adquisición de 40 carrotanques pequeños para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira por valor de 29.000 millones de pesos.
“El suministro de los carrotanques presentó un sobrecosto de 13.164 millones de pesos. De este dinero, se entregó una coima de 3.000 millones a Manrique Soacha, al tiempo que se consolidó un peculado en favor de Riveros Rey por 2.060 millones y de 6.380 millones para los directivos de Yapurutú”, concluye el informe.
