La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia urgió este lunes al Estado a proteger a quince familias del pueblo indígena Jiw que fueron forzadas a abandonar su resguardo en el departamento del Meta, en el sureste del país, y desplazarse debido a amenazas de grupos armados.
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“Condenamos las amenazas a autoridades del pueblo indígena Jiw, que provocaron el desplazamiento de 15 familias”, manifestó el organismo en X, donde detalló que la población abandonó su resguardo Naxael Latj, en el municipio de Mapiripán, y se trasladó a San José del Guaviare, capital del departamento de Guaviare, y a Puerto Concordia, en el sur del Meta.
La oficina alertó “sobre la continuidad de crisis de derechos humanos en Guaviare como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados no estatales por el control territorial de la Trocha Ganadera”.
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Esta vía recorre más de cien kilómetros en la ribera baja del río Guaviare y conecta Puerto Concordia con Mapiripán. Según la ONU, la situación del conflicto en esta zona “se agrava por la ola invernal”.
“Instamos a autoridades a reforzar planes de contingencia y capacidad presupuestal de Mapiripán, Meta, como receptor de población desplazada proveniente de la Trocha Ganadera, y a fortalecer las medidas de prevención para proteger a pueblos indígenas y comunidades campesinas”, señaló la oficina.
Agregó que, junto con la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Mapiripán, ha verificado la situación de las comunidades indígenas y campesinas de la zona, quienes “manifestaron la necesidad de acompañamiento y articulación institucional entre Meta y Guaviare para la garantía de los derechos humanos y atención humanitaria”.
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“Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil, sus derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sus acciones no pueden afectar a la población civil”, concluyó la oficina.
En esta región del país operan disidencias de las antiguas FARC y otras bandas ilegales que se disputan el control de los territorios para desarrollar sus economías ilícitas, entre ellas la minería y el narcotráfico.
La semana pasada, la Oficina de la ONU para los derechos humanos advirtió sobre el agravamiento de las violaciones de derechos humanos contra niños y niñas en el marco del conflicto armado en Colombia.
El organismo verificó 118 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales en el primer trimestre de 2025, y más de 650 entre 2022 y 2024.
