La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra tres directivos de Ecopetrol por el polémico contrato firmado con la firma Covington & Burling para medir el impacto reputacional por las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa.
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Se trata de una investigación en contra del director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara, el vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Felipe Rivera, y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento de Ecopetrol.
Hay que recordar que dicho contrato pasó de costar 875.000 dólares a casi 6 millones de dólares por medio de un otrosí firmado en diciembre del año pasado.
“Presuntas irregularidades en la planeación y celebración y ejecución del contrato suscrito en agosto de 2024 con la firma Covington & Burling, entre otras cosas, por la metodología escogida para seleccionar al contratista. Asimismo, por hechos relacionados con la solicitud para celebrar el otrosí No. 1, documento con el cual se modificó el alcance del objeto contractual y se aumentó en más del 100% el valor inicial del contrato, al parecer, excediendo la instrucción de la Junta Directiva, toda vez que aparte de realizar el estudio y asesoría, se incluyeron actividades investigativas”, se lee en el documento de la investigación.
De acuerdo a lo manifestado por la PGN, se comprobó que en junio de 2024 el Comité de Auditoría y Riesgos emitió recomendaciones a la Junta Directiva de Ecopetrol ante el vencimiento del contrato suscrito con la firma Miller para asesorías y consultas y revisión de documentos, el cual culminaba el 30 de septiembre de 2024. Se sugirió que se adelantara los estudios de firmas acreditadas con experiencia en el mercado de Estados Unidos.
Por esto, la dirección de cumplimiento, que lidera Alberto José Vergara, informó que solicitó cotizaciones a Covington & Burling, Shearman & Sterling y Arnold & Porter Kaye Scholar, de las cuales concluyó que Arnold & Porter y Covington & Burling tenían plazos de entrega más cortos y más económicos.
Luego, en julio la Junta Directiva aprobó las recomendaciones para medir los procesos realizados por la Junta Directiva y adoptados por la compañía en relación con el presidente de Ecopetrol. Esto fue cumplido por Vergara en agosto ordenando adelantar los trámites de contratación con Covington & Burling.
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Añade la Procuraduría que el 29 de agosto 2024 se suscribió el contrato con dicha firma, “el cual contemplaba la ejecución completa de todas las fases contractuales y entregables contenidos en las especificaciones técnicas”, por un costo de USD 875.000. Pero, después, a partir de esa fecha, y en acta del 26 de septiembre de 2024 el Comité de Auditoría y Riesgos pidió a la firma finalizar el estudio contratado “frente a eventuales escenarios de riesgo ante la SEC relacionados con aspectos reputacionales del presidente de Ecopetrol” y reunirse en “sesión privada”.
La “actualización del “análisis efectuado” fue adelantado por la Dirección de Cumplimiento a la Junta Directiva el 9 de octubre. Pero, el 26 de diciembre, mediante memorando, Alberto José Vergara Monterrosa le solicitó al funcionario Ludwig Wison Mejía firmar el otrosí que elevó el contrato a casi 6 millones de dólares y aplicando además una modificación a la cláusula sexta del contrato, añadiendo “gastos reembolsables”. Esto explica que la Junta podría reembolsar gastos en que incurriera Covington & Burling por USD 575.000. El otrosí se suscribió finalmente el 31 de diciembre de 2024.
Se supo que luego el contrato fue suspendido temporalmente en enero de 2025. La Procuraduría ya escuchó en versión libre Vergara Monterrosa este miércoles 25 de junio.
