Las explicaciones del presidente Gustavo Petro tras la polémica generada por la presencia de cabecillas de estructuras criminales en un evento oficial en Medellín no han logrado apaciguar las críticas. Desde distintos sectores políticos y académicos cuestionaron este miércoles los argumentos del mandatario, quien defendió su política de paz urbana y calificó a los detenidos como “personas en rehabilitación”.
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Durante la conmemoración de la aprobación de la reforma laboral y un acto sobre paz en La Alpujarra, se constató la llegada de al menos nueve reclusos de alto perfil, entre ellos José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, identificado como uno de los líderes históricos de la banda La Terraza. El movimiento de vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en las inmediaciones ya había generado sospechas sobre la participación de estas personas en el evento.
En respuesta, el presidente aseguró que lo que su gobierno hace es “público y no a escondidas”, aludiendo a negociaciones que —según afirmó— en el pasado se hacían de manera encubierta entre políticos y grupos delincuenciales.
“La gobernabilidad era una estrategia por medio de la cual las bandas en las calles y sus jefes negociaban con los políticos votos”, dijo Petro durante un consejo de ministros.
A pesar de admitir que su política de paz enfrenta dificultades, el jefe de Estado insistió en que su estrategia busca evitar que Medellín continúe “bajo la extorsión” y reiteró que los presos son personas con derecho a la rehabilitación.
“La mayoría de los presos son personas en rehabilitación, personas. Ninguno puede perder la característica de persona. Persona es ser un individuo de la humanidad que tiene derechos. Y el derecho de un preso es a ser rehabilitado por el estado, y aquí lo volvemos más criminal aún de como entra. Y hace el negocio dentro la cárcel, etcétera”, precisó.
Ola de reacciones
Sin embargo, las declaraciones de Petro solo intensificaron los señalamientos. Una de las más duras críticas provino de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien a través de su cuenta en X rechazó tajantemente los argumentos del mandatario.
“Me niego a aceptar que esos alias peligrosos que acompañaron a Gobierno, congresistas y un precandidato no son delincuentes. Están condenados por delitos horribles como secuestro, homicidio, desplazamiento. Están cruzados por el narco”, escribió, y agregó: “Bandido es bandido hasta el último suspiro”.
Desde el Congreso, la senadora del Centro Democrático también se sumó a los cuestionamientos al advertir que “Colombia no es Ciudad Gótica. Aquí no gobiernan los criminales. El presidente Petro, en vez de defender la institucionalidad, parece liderar la criminalidad”. Según la congresista, los hechos son muestra de un “desprecio por la democracia”.
La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, por su parte, recordó que aunque el presidente está facultado constitucionalmente para adelantar acercamientos con estructuras armadas, existen límites claros. “Hay personas que ya están condenadas y no se puede desconocer esa realidad”, señaló en entrevista con Caracol Radio.
Buitrago explicó que los beneficios jurídicos para condenados están estrictamente regulados y no incluyen privilegios como participar en eventos públicos. “Yo no puedo generar un privilegio de ponerlo en plaza pública a una persona que está condenada y que no ha reparado ni siquiera a las víctimas”, advirtió, y enfatizó que quienes reincidan deben ser investigados y sancionados, no invitados a negociaciones.
La postura oficial del Gobierno
Desde el equipo de Gobierno, la senadora Isabel Cristina Zuleta, delegada para los diálogos de paz, defendió la presencia de los voceros de grupos criminales al señalar que estos cuentan con reconocimiento oficial.
“En el evento estuvimos los actores que conformamos el proceso de paz. El simbolismo es que queremos que sea un proceso de frente a la ciudadanía”, afirmó Zuleta en rueda de prensa.
