En medio del reciente contexto de tensión existente entre el Ejecutivo y el Legislativo, los gobernadores del país hicieron un llamado a la reconciliación institucional, instando al presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República a iniciar un proceso de diálogo que permita superar los enfrentamientos políticos y encauzar el debate público por vías democráticas.
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La declaración, suscrita por los mandatarios departamentales y difundida por la Federación Nacional de Departamentos (FND), advierte sobre los riesgos de mantener una confrontación constante entre poderes del Estado y exhorta a las principales figuras de la política nacional a moderar su lenguaje y adoptar actitudes responsables en el escenario público.
“Desde los gobiernos departamentales invitamos al presidente Gustavo Petro, al Congreso de la República y a los líderes de los partidos políticos a que den el primer paso como ejemplo de reconciliación, convocando a la unidad y eliminando el lenguaje violento en escenarios públicos y virtuales”, señala el documento.
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El detonante inmediato de este pronunciamiento fue el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, quien fue blanco de disparos durante un evento público en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Según información oficial, un menor de 15 años fue capturado como presunto autor del ataque, lo que ha generado aún mayor preocupación por la creciente instrumentalización de menores en hechos de violencia política.
En ese sentido, los gobernadores también solicitaron al Gobierno Nacional “garantizar la seguridad de todos los precandidatos y actores políticos” de cara a las próximas elecciones, y adoptar medidas urgentes frente al uso de niños y adolescentes en escenarios de criminalidad.
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Además, convocaron una jornada simbólica bajo el lema ‘Una luz por la vida’, que se llevará a cabo el próximo 17 de junio a las 5:00 p. m. en plazas principales del país. Esta iniciativa busca promover un mensaje de unidad y rechazo a cualquier forma de violencia asociada al debate político.
La relación entre Petro y el Congreso
La relación entre el presidente Petro y el Congreso ha venido deteriorándose en los últimos meses, con intercambios de señalamientos y acusaciones mutuas que han dificultado la aprobación de reformas clave para el Gobierno.
El atentado contra Uribe Turbay agravó aún más esa ruptura. A comienzos de semana, varios líderes de partidos de oposición e independientes se reunieron en la Presidencia del Senado para evaluar una posible suspensión de debates legislativos, incluyendo los relacionados con la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
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Tras la reunión, los voceros de agrupaciones como Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, MIRA, ASI, Colombia Justa Libres y la Liga de Gobernantes Anticorrupción emitieron una declaración conjunta en la que desconocen al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como “garantes del proceso electoral”. En consecuencia, anunciaron que no participarán en la Comisión de Seguimiento convocada por el Gobierno.
“Frente a la falta de confianza en el Ejecutivo, solicitaremos al procurador Gregorio Eljach que sea él quien convoque a una instancia neutral para abordar las garantías del proceso electoral”, indicaron los voceros tras el encuentro.
Una responsabilidad compartida
El pronunciamiento de los gobernadores también incluye una advertencia sobre los efectos que tiene el lenguaje agresivo en la vida democrática del país. “Urge desescalar el lenguaje que conduce a la violencia política y el tono agresivo que solo están sembrando odio, miedo y polarización”, expresaron, en una crítica dirigida tanto al Ejecutivo como a los partidos de oposición.
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Aunque en diferentes sectores se han levantado voces a favor de una tregua política y de la necesidad de restablecer canales de diálogo institucional, el ambiente político nacional sigue marcado por la desconfianza y la polarización.
Por ahora, la propuesta de los gobernadores busca abrir una vía intermedia que sirva de puente entre ambos bandos; no obstante, su impacto dependerá de la disposición real de los miembros del Congreso y el presidente para reenfocar sus prioridades.
