Este viernes se registró una nueva tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara durante una ceremonia militar que un fallo judicial respaldaba la realización de la consulta popular impulsada por su administración.
El mandatario, en el marco del ascenso de oficiales de la Armada Nacional, declaró que una juez había determinado la existencia de fraude en el trámite del Senado y ordenado repetir la votación en un plazo de 48 horas. “Quiero informarle al país que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular”, afirmó Petro.
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No obstante, la interpretación presidencial fue rápidamente desmentida por congresistas y juristas. La juez sexta del circuito de Bogotá no hace mención alguna a fraude ni ordena una nueva votación en su fallo de tutela. La sentencia únicamente establece que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, debe responder formalmente a un recurso de apelación presentado por la senadora María José Pizarro el 14 de mayo sobre el cierre del debate.
La reacción del Congreso fue inmediata. El senador Carlos Motoa cuestionó la comprensión del fallo por parte del presidente: “No es cierto que autoridad alguna haya determinado fraude o la reapertura de la votación. Lamentable la escasa comprensión lectora de Petro”, escribió en redes sociales.
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La representante Carolina Arbeláez escribió: “La cosa es simple: el ministro que firme el inconstitucional decreto para convocar la consulta pasando por encima de la decisión del Senado será denunciado por prevaricato”. En términos similares se expresó el representante Andrés Forero: “Si los ministros deciden firmar el decreto inconstitucional del presidente, van a estar prevaricando”.
El senador Iván Cepeda respaldó la interpretación gubernamental, señalando que el Senado no ha cumplido con lo ordenado judicialmente. “La apelación que resolvió es sobre otro asunto, no sobre el trámite que se le ordena surtir”, argumentó.
