El embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, se mostró airado por el pedido de orden de captura que emitió el Ministerio Público de Guatemala (Fiscalía General) por varios delitos que se le indilgan durante su periodo como comisionado de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Lea también: A la cárcel miembros de una red que armaba perfiles falsos para visas estadounidenses en Barranquilla
El funcionario arremetió contra María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de Guatemala, quien la señaló como la autora de lo que considera una “persecución” judicial.
“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí“, escribió Velásquez en un breve mensaje en su cuenta de X.
Y agregó: “Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”.
Lea también: “Ya tumbamos el cobro, no podemos dejar que lo reinstalen”: senador Carlos Meisel celebra fallo contra valorización
La justicia de Guatemala pidió la captura del embajador de Velásquez, y de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo en la tarde de este lunes 2 de junio, ambos señalados de corrupción por el caso Odebrecht.
La justicia del país centroamericano solicitó además circular roja de Interpol para ambos, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, y obstrucción de justicia y colusión.
¿Quién es la “corrupta fiscal”?
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteca, María Consuelo Porras Argueta, tomó el cargo en 2018, elegida por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), y fue reelecta para la posición en 2022 por el expresidente Alejandro Giammattei.
Lea también: “Me siento tranquila, más no feliz”: madre de Eduardo Pinto sobre condena a Dayana Jassir
La gestión de Porras Argueta ha estado llena de polémicas y cuestionamientos que llevaron a Estados Unidos a sancionarla en 2021 con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio, al acusarla de manipular la Justicia en Guatemala.
Precisamente los siete años de gestión de Porras Argueta han sido controvertidos a nivel local e internacional, pero ha sido la intervención de la Fiscalía en el proceso electoral de 2023 lo que ha llevado a la jefa del Ministerio Público al ojo del huracán.
Para ese entonces el presidente electo ese año, Bernardo Arévalo de León, la acusó de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra para intentar evitar su investidura que se dio en enero de 2024 en medio de atrasos y polémicas.
Lea también: Varios premios Nobel advierten que Trump puede provocar 20 años de retraso en la investigación
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han señalado a Porras de “limitar el acceso a la justicia” cuando comenzó a realizar cambios en puestos claves de la institución que fueron calificados como “un debilitamiento sistemático” de esta entidad.
