El presidente Gustavo Petro arremetió este martes contra la Fiscalía de Guatemala por la investigación que derivó en la orden de detención emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial de ese país contra el embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, y de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por supuestas irregularidades durante el trabajo de ambos en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el caso Odebrecht.
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“La fiscalía de Guatemala, como la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
Agregó que “las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”.
En ese sentido, el mandatario invitó a equipos de abogados independientes “a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”.
Horas antes, el Gobierno de Guatemala expresó su rechazo enfático a la solicitud de detención en contra de los abogados colombianos exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo.
Mediante un comunicado, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco que emitió la orden de captura no cuenta “con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, por lo que manifestó su rechazo “enfáticamente” a la misma.
“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, expuso el Gobierno de Arévalo de León.
La orden de detención fue emitida, tras solicitud de la Fiscalía guatemalteca, por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial de ese país, que ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
La sala, presidida por el abogado Alejandro Prado, también ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.
Zamora Marroquín y Campo son considerados como “presos políticos” por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel.
