El Centro Democrático presentó este viernes una demanda contra el Decreto 572 de 2025, que modifica las tarifas de retención en la fuente y anticipa el pago de ese impuesto.
Las nuevas tasas, que entrarán en vigencia el próximo domingo 1 de junio, oscilan entre el 1,20 % y el 4,5 %, dependiendo del tipo de actividad económica.
La demanda, instaurada ante el Consejo de Estado, solicita la suspensión provisional de todos los efectos del Decreto 572, en particular: la imposición de nuevos umbrales de 800 UVT, el establecimiento de tarifas de hasta el 4.5% y la extensión de la calidad de agentes retenedores a sujetos no contemplados en el artículo 365 del Estatuto Tributario.
De acuerdo con el partido político, el decreto no aporta un informe costo-beneficio que compare el recaudo adicional estimado frente a los costos operativos y financieros que deberán asumir las empresas, ni evaluaciones de riesgo de mora o insolvencia derivadas del aumento tarifario anticipado.
Además, “carece de una motivación técnica sólida y de estudios económicos que respalden la ampliación de competencias reglamentarias para modificar bases y tarifas más allá de lo previsto en el artículo 365 del Estatuto Tributario”.
La extracción de hidrocarburos, esmeraldas y minerales figuran entre las actividades que más se verán afectadas por el decreto572 de 2025, expedido por el Ministerio de Haciendael 28 de mayo para adelantar elrecaudode 2026 al aumentar laretención en la fuente de impuestosobre larenta y complementarios.
