La Contraloría General de la República solicitó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que entregue información detallada sobre el millonario contrato que suscribió, con el aval de la junta directiva de la estatal petrolera, para evaluar el impacto reputacional por la presencia del ejecutivo en la compañía.
Se trata de un aparente contrato por alrededor de 5,8 millones de dólares para evaluar el impacto de los líos del jefe de la estatal petrolera, que al parecer terminó en supuestas ‘chuzadas’ a 70 funcionarios.
En este sentido, el órgano de control solicitó relación de los pagos efectuados a la fecha con sus respectivos soportes, así como copia de la facturación y entregables generados por el contratista.
De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el contrato en mención -suscrito con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP- permitió la retención de correos y documentos de al menos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de la junta directiva y jefes de filiales de Ecopetrol como Cenit, Hocol y hasta de la misma compañía petrolera.
Durante esta polémica también se conoció la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva por la molestia a raíz de las interceptaciones.
Procuraduría abrió indagación previa
Vale mencionar que por este mismo millonario contrato, la Procuraduría abrió una indagación previa contra algunos funcionarios para determinar si cometieron irregularidades, teniendo en cuenta que dicho contrato tenía el objeto de “analizar el impacto reputacional de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad”.
El Ministerio Público indicó, además, que “para los fines de la indagación resulta imperioso practicar pruebas tendientes a confirmar o descartar la presunta irregularidad e identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria”.
