La Fiscalía General de la Nación decidió reabrir la investigación contra la exvicefiscal Martha Mancera y la fiscal Luisa Obando por su presunta intervención para favorecer a Francisco Javier Martínez, conocido como ‘Pacho Malo’, quien dirigió el CTI en Buenaventura hasta su captura en 2023. Martínez es investigado por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y contrabando en el suroccidente del país.
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La decisión fue adoptada por la fiscal 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Zeneida López Cuadrado, quien ordenó el desarchivo del expediente. Según el documento, se retomarán las diligencias con nuevas órdenes dirigidas a la Policía Judicial y se notificará a todas las partes involucradas, incluido el Ministerio Público.
Entre los motivos expuestos para reactivar el caso se encuentra un informe reciente del jefe del CTI, Fabián Ordóñez, que recopila material aportado por distintos medios de comunicación, como ‘Blu Radio’, ‘Revista Semana’ y la ‘Revista Raya’. Estos trabajos mencionan la posible participación de Martínez en actividades ilícitas durante su gestión en Buenaventura, así como eventuales acciones de encubrimiento por parte de la exvicefiscal Mancera.
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La reapertura también contempla la declaración pendiente de agentes encubiertos que participaron en las labores de inteligencia entre 2020 y 2022. Estos funcionarios, identificados como Fabio González, Pablo Bolaños y Mario Herrera, entregaron documentación, audios, videos y registros operativos a la entonces fiscal Angélica Monsalve, quien formalizó la denuncia. Aunque Herrera falleció, sus compañeros solicitaron aplazar sus testimonios tras expresar preocupaciones sobre su seguridad.
Durante la audiencia de imputación contra otros dos agentes vinculados a este proceso, Víctor Forero y Juan Camilo López, surgieron nuevas menciones a Martha Mancera. Los señalamientos hacen parte del contexto evaluado por la Fiscalía para considerar pertinente la reactivación del caso.
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Cabe recordar que en enero de 2024 la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal delegado Víctor Salcedo, había archivado el expediente por considerar que no existían elementos probatorios suficientes para continuar con la indagación. En ese momento, se concluyó que no había pruebas que sustentaran la existencia de los hechos denunciados.
La nueva fiscal delegada considera que aún hay diligencias pendientes, como entrevistas a testigos que no comparecieron previamente, así como corroboraciones derivadas del material informativo recibido. En ese sentido, solicitó a la Dirección de Protección de la Fiscalía evaluar el nivel de riesgo de los testigos antes de avanzar.
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El abogado de Martha Mancera, Juan David Bazzani, manifestó su inconformidad con la reapertura. De hecho, en declaraciones a medios nacionales de comunicación, cuestionó que se fundamente en información periodística y no en pruebas nuevas.
“Queda claro que reabrieron la investigación con fundamento en noticias de prensa, y no por la aparición de una prueba nueva como lo exige la ley”, afirmó. Además, también expresó su escepticismo sobre la participación de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en esta decisión.
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Por su parte, Mancera ha sostenido desde el inicio del caso que todo se trata de una campaña de desprestigio. En su momento, recibió el respaldo del exfiscal Francisco Barbosa, bajo cuya administración se había archivado el expediente original.
