La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles 14 de mayo que presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes y nueve exintegrantes del Ejército Nacional que estarían vinculados a un caso de una contratación irregular en el dispensario de las fuerzas militares en Bucaramanga, Santander.
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Explica el comunicado del ente acusador que las personas involucradas “habrían permitido la celebración de seis contratos con Daisy Carolina Sosa Hernández, por valor de 345.181.200 pesos, con el objeto de que prestara servicios como anestesióloga y atendiera las necesidades en las salas de cirugía”.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Sosa Hernández no era especialista en el área para la cual fue contratada y presuntamente presentó documentación falsa para acreditar la idoneidad exigida.
También constató la entidad que la citada no figuraba en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS). Pese a esto, su contratación avanzó.
Por esto, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Santander imputó a los involucrados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Los señalados no aceptaron los cargos.
Los investigados son: los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo, el mayor Belisario Zea Quintero, los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García; los exintegrantes del Ejército Nacional Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López; y la contratista Daisy Carolina Sosa Hernández.
Pronunciamiento del Ejército
Por medio de un comunicado, el Ejército también se pronunció sobre el caso, asegurando que reforzará los controles de los procesos de selección y contratación del personal encargado de prestar los servicios médicos a integrantes de la institución y sus familias.
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“En desarrollo de operaciones de Contrainteligencia Militar y como muestra de legitimidad y transparencia institucional, se efectuó, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, la imputación de cargos a cinco militares activos y nueve retirados. Este proceso judicial se realizó por la comisión del presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y uso de documentos falsos, todo en el marco de una investigación penal”, señaló el Ejército.
Agregó: “Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta situación, la Dirección de Sanidad ha brindado total colaboración a las autoridades competentes, entregando la documentación e información necesaria para facilitar el desarrollo de la investigación”.
