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La Corte Suprema de Justicia condenó a 76 meses de prisión al exsenador José Ignacio Mesa Betancur por promover grupos paramilitares y asociarse con ellos para obtener apoyo a su candidatura al Senado, informó este martes el alto tribunal.

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“La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador José Ignacio Mesa Betancur por el delito de concierto para delinquir agravado (por estar dirigido a promover grupos al margen de la ley)”, indicó la Corte en un comunicado.

Además de la pena de 76 meses de prisión, Mesa, del partido Cambio Radical, también fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión, añadió la información.

De acuerdo con la investigación, Mesa se “adhirió” a las Autodefensas Unidas de Colombia, particularmente, con la estructura denominada ‘Oficina de Envigado‘, con el “fin de lograr apoyo económico y electoral para sus candidaturas a la Alcaldía de Envigado y al Senado de la República”.

La Oficina de Envigado fue creada por Pablo Escobar, jefe del desaparecido Cartel de Medellín, y tras la muerte de este pasó a manos de “Don Berna”, alias del narcotraficante y paramilitar Diego Fernando Murillo.

“Don Berna” fue extraditado a Estados Unidos en 2008 junto a otros doce exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar cuya disolución en 2006 dio origen a bandas de narcotraficantes, entre ellas el Clan del Golfo, la principal del país.

Para la Corte Suprema quedó probado que para “asegurar su designio electoral, el excongresista puso al servicio de la organización ilegal el andamiaje de sus funciones como servidor público para promover los intereses de esta y cohonestar el proyecto de expansión que abanderaba la organización ilegal, el cual consistía en permear las instancias del Estado”.

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Los acuerdos ilegales ocurrieron entre los años 1994 y 2006, cuando el contexto de dominación paramilitar imperaba en Medellín y en el Valle de Aburrá, el cual influyó en que los candidatos que aspiraran a ocupar cargos de elección popular lo hicieran bajo el beneplácito de la Oficina de Envigado.

Los nexos con la Oficina de Envigado y el paramilitarismo le permitieron ser alcalde de la localidad de Envigado (1995-1996); también fue congresista entre los años 1998 y 2006.

“Siendo un dirigente político en el departamento de Antioquia, no reparó en aliarse con grupos armados ilegales y traicionar el deber que como servidor público tenía frente a efectivizar y dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, dentro de los que se encontraba asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, dice la sentencia.