La Contraloría y la Procuraduría pidieron a la Superintendencia información sobre la situación de Air-e y el control que ejerce sobre los subsidios de energía y gas.
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La idea es “garantizar la sostenibilidad, calidad y cobertura de los servicios públicos de energía eléctrica y gas”.
La nueva comisión interinstitucional conformada por estos entes de control vigilará las acciones correctivas en el sector energético y citaron para ello una mesa de trabajo.
“La deuda pública asciende a $7,6 billones en subsidios y pagos pendientes, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios públicos de energía y gas”, recordó el organismo de control fiscal.
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Ante esta situación, advirtió la Contraloría que existe un riesgo sistémico por la demora en los giros, que puede afectar la calidad de vida de los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, especialmente.
Entre tanto, 3,3 billones de pesos (unos 780 millones de dólares) son por opción tarifaria, un mecanismo regulatorio que le permite a las compañías de energía eléctrica moderar en el tiempo los incrementos abruptos del precio del servicio para que el costo no se vea reflejado en las tarifas que pagan los usuarios.
Igualmente, en el comunicado se informa que hay una deuda de un billón de pesos (unos 237 millones de dólares) que corresponde a usuarios sujetos a tarifas reguladas y 628.000 millones de pesos (cerca de 149 millones de dólares) por subsidios de gas combustible.
“Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes”, afirmó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
La situación más grave la vive la compañía Air-e, que presta el servicio de energía eléctrica a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe y está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“En particular lo que se está haciendo desde el Gobierno nacional es tratar de buscar la solución empresarial, que es una tarea que tiene la Superintendencia y que está trabajando en ello, para mirar cuál es el futuro de la empresa o de la forma en cómo debe prestarse la energía eléctrica, que es un servicio público esencial”, expresó la semana pasada el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Frente a las deudas del Gobierno, el jefe de la cartera de Energía aseguró que está trabajando con las empresas e incluso “haciendo algunos giros en efectivo”.
“El Ministerio de Hacienda está siendo muy activo en garantizar la caja a las compañías distribuidoras y comercializadoras, además hay una mesa permanente que es muy importante y la expresión de la voluntad política del señor presidente (Gustavo Petro) de ponernos al día en materia de subsidios”, explicó el ministro.
La deuda de la opción tarifaria, entre tanto, la achacó al Gobierno anterior, de Iván Duque, y Palma dijo que el ejecutivo de Petro quería saldarla con la reforma tributaria que se hundió el año pasado en el Congreso.
“Hoy queremos meterla en un nuevo proyecto de ley que estamos construyendo y que esperamos presentar en la próxima legislatura”, concluyó el titular de Minas y Energía.
