El Ministerio del Trabajo publicó el pasado 29 de abril la Resolución 1843 de 2025, una nueva normativa que transforma la forma en que se manejan las incapacidades laborales en el país. La medida busca mejorar los mecanismos de prevención y seguimiento médico, así como regular el retorno al trabajo de empleados tras ausencias prolongadas.
(Le puede interesar: Gaviria solicita al Senado rechazar consulta popular sobre reforma laboral de Petro)
La norma, de alcance nacional, establece lineamientos que deberán cumplir tanto las empresas como las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Entre los principales cambios se incluyen nuevas obligaciones para empleadores, mayor trazabilidad en los diagnósticos y controles más rigurosos sobre la expedición de incapacidades médicas.
Uno de los ejes centrales de la resolución es la prevención. A partir de ahora, todos los trabajadores, sin importar el tipo o tamaño de la empresa, tendrán derecho a exámenes médicos ocupacionales gratuitos. Las IPS deberán realizar un seguimiento anual y entregar cada diciembre un informe consolidado con los diagnósticos realizados. Esto permitirá al Estado contar con datos actualizados sobre el estado de salud laboral del país.
(Vea aquí: Bonilla rechaza nuevamente señalamientos de la Fiscalía sobre supuesta injerencia en contratos públicos)
La resolución también establece tres tipos de valoraciones médicas obligatorias en casos de ausencias extensas o sin justificación clínica clara: la evaluación post-incapacidad (aplicable a licencias médicas de 30 días o más), la evaluación para el retorno laboral (cuando el empleado ha estado fuera por 90 días o más, por cualquier causa no médica), y el seguimiento ocupacional tras el regreso al trabajo, especialmente si persisten recomendaciones clínicas.
Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar que las incapacidades laborales estén respaldadas por evidencia clínica verificable. EPS e IPS deberán reportar digitalmente y en tiempo real cada incapacidad emitida, lo que facilitará los controles y reducirá la carga económica por incapacidades sin sustento.
(Lea también: Cuatro personas murieron tras incendio en una casa: las autoridades advierten que fue provocado)
En cuanto al papel de los empleadores, la resolución impone nuevas responsabilidades. Las empresas deberán compartir con las IPS información detallada sobre los perfiles de cargo, matrices de riesgo y condiciones laborales. Asimismo, estarán obligadas a cumplir con las recomendaciones derivadas de los exámenes médicos, y contarán con un plazo máximo de 20 días para implementar los ajustes sugeridos, como reubicaciones o adecuaciones en los puestos de trabajo.
El marco legal incorpora también principios de equidad y no discriminación. Se prohíbe expresamente exigir pruebas de embarazo o VIH como condición para la contratación o permanencia en el empleo. Además, los exámenes médicos deberán incluir un enfoque diferencial, considerando factores como género, diversidad cultural y salud mental.
(Le sugerimos: Andrés Calle es recluido en La Picota por escándalo de corrupción en la UNGRD)
En situaciones que requieran el desplazamiento de un trabajador para realizarse exámenes, las empresas deberán cubrir los gastos relacionados con el transporte, la alimentación y el alojamiento. También se establece la implementación obligatoria de programas de pausas activas dentro de la jornada laboral, con el objetivo de prevenir afecciones físicas y psicológicas asociadas al trabajo sedentario o repetitivo.
