El asesinato de una treintena de integrantes de la fuerza pública, cuando muchos de ellos estaban de civil y otros desarmados, ha ocasionado que –nuevamente– se le vean las costuras a la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa cada vez más debilitada ante las acciones de los grupos armados ilegales del país. Las muertes de los uniformados, que se han dado en el marco de un ‘plan pistola’, no han tenido un verdugo único: el Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las Farc han sido los responsables de la ola de violencia.
La arremetida de estas organizaciones se ha agudizado desde el 15 de abril, diez días después de que el quinto hombre en la estructura de mando de la banda criminal Clan del Golfo, identificado como José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, fuera abatido por la Policía colombiana en una operación en el departamento de Córdoba.
La operación tuvo lugar en La Apartada (Córdoba) y estuvo liderada por la Policía, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En este sentido, como represalia, el Clan del Golfo ha decidido asesinar a miembros de la fuerza pública, especialmente en Antioquia, Bolívar, Córdoba, entre otros territorios. Por la cabeza de los uniformados se ofrecen hasta $5 millones. Lo anterior ha coincidido con ataques de las disidencias al Ejército y el ELN en zonas como Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Norte de Santander.
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Este no es un fenómeno nuevo. El ‘plan pistola’ fue creado por Pablo Escobar entre los años 80 y 90 como respuesta al asedio de la Policía en contra de sus redes de narcotráfico, una cruda ofensiva que dejó muertos en cada esquina. Esa horrible realidad, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, podría superarse este año.
“La ofensiva no es solo del Clan del Golfo, sino que a ello se le han sumado disidencias Farc y el ELN. ‘Iván Mordisco’, en el 2023, le puso plata a la cabeza de cada policía asesinado: cuatro millones de pesos. Todo eso se lo inventó Pablo Escobar a finales de la década de los ochenta. Así que la alerta está en rojo. Los números podrían superar los de la época de Pablo Escobar. La preocupación debe ser absoluta”, publicó el observatorio.
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En este sentido, el experto Arnold Cruz consideró en Pares que, “en lo que va del año, esta estrategia ha dejado un saldo trágico de decenas de uniformados asesinados mediante emboscadas y actos sicariales, cuyo objetivo es debilitar la institucionalidad y sembrar el miedo. El Gobierno ha respondido con recompensas millonarias y un endurecimiento de las operaciones militares, pero el impacto en la moral de las fuerzas y la seguridad de las comunidades sigue siendo crítico”.
Maquinarias tercerizadas
El investigador Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, aseguró que el Clan del Golfo ha sostenido gran parte de su expansión territorial en la subcontratación de organizaciones criminales locales.
En este sentido, de acuerdo con el experto, el comando central de la organización ha contratados a grupos armados más pequeños que se encarguen de velar por sus intereses en el Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira.
“Es cierto que miembros de la organización tienen la orden directa de atentar contra la fuerza pública. Sin embargo, se ha conocido recientemente que las AGC están pagando entre 5 y 20 millones de pesos por cada policía asesinado. Esto no solo busca incentivar a sus tropas, sino (y quizá mayoritariamente) descentralizar los ‘planes pistola’ con el fin de hacerlos más exitosos. (…)Por tanto, lo que estamos observando no es solo una andanada contra la fuerza pública por parte de las AGC, sino también por parte de una decena de organizaciones locales que buscan ser recompensadas. La tarea para desarticular los ‘planes pistola’ pasa necesariamente por entender todas esas lógicas localizadas”, explicó el experto.
“La debilidad que ha mostrado el Estado colombiano para contener estas muestras de violencia deja ver que la seguridad no está bajo su total control y que, aunque pueda ser chocante entre algunos sectores, es necesario incluir a estos grupos armados en cualquier resolución pacífica del conflicto. Las AGC parecen saberlo y, por ello, es importante pensar en estrategias de contención y en eventuales estrategias de interlocución”, agregó.
A su vez, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, aseguró que el país ha retrocedido varias décadas en materia de seguridad desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro.
“Cada atentado contra un uniformado es un golpe directo a la seguridad de todos los colombianos. No podemos normalizar que asesinar policías sea parte del paisaje. Los grupos ilegales no se detienen con la fuerza pública. También han amenazado a jueces y fiscales en el departamento del Cesar. Retrocedimos 40 años. Volvimos a una lógica de miedo, atentados y silenciamiento institucional”.
PGN exige respuestas
La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación al Ministerio de Defensa por el ‘plan pistola’ que están adelantando los grupos criminales en contra de los integrantes de la fuerza pública.
En este sentido, exigió respuestas a la cartera de seguridad sobre las medidas que se están tomando para garantizar la integridad de los uniformados.
“Las acciones sistemáticas de violencia contra la fuerza pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto al orden y la convivencia pacífica”, se lee en la carta.
Renglón seguido, exigió: “Criterios técnicos, jurídicos e institucionales que el Gobierno prevé implementar o aplicar para fortalecer la protección de los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, especialmente en zonas de alta afectación al orden público”.
Además, los “parámetros que se establecerán para la toma de decisiones en materia de investigación criminal frente a los hechos violentos perpetrados contra uniformados”.
Otros asesinatos
El subintendente Ángel Fair Hurtado Urriago fue asesinado en la madrugada del sábado 3 de mayo en el departamento del Tolima.
De acuerdo con las primeras versiones, el crimen se registró en la vía Flandes–Cambao, en un sector conocido como la vereda Puerta Blanca, cuando el uniformado, quien se encontraba de vacaciones, fue interceptado por seis hombres armados que lo obligaron a detenerse. Posteriormente, lo acribillaron.
En tanto que en Aguachica, en la tarde de ayer, fue asesinado el suboficial Esneider Romero Barragán, en la vía entre Río de Oro y Aguachica, Cesar, donde fue atacada una unidad del Ejército en momentos que instalaba un puesto de control.
También se denunció el secuestro del soldado regular Jaiber Arley Castillo Guerrero, retenido mientras viajaba en un bus de servicio público en la vía que comunica al municipio de Puerto Rondón con Tame, en el departamento de Arauca.
Exigen mayores recursos a la fuerza aérea
El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que el actual gobierno ha descuidado a las fuerzas militares al no darles el apoyo económico que requieren, al tiempo que manifestó que la prioridad para combatir las bandas criminales es la compra de helicópteros.
“Se ha descuidado el apoyo a las fuerzas en recursos (...) entiendo perfectamente que las fuerzas armadas, que la Fuerza Aérea necesita renovar sus aviones de combate, los Kfir, eso todo el mundo lo entiende, pero hay prioridades”, dijo. “El arma más efectiva o el material más efectivo para combatir estas bandas criminales son los helicópteros, pero por falta de recursos hoy dos de cada tres helicópteros están inmovilizados”, aseveró Santos.
