La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) realizó un llamado urgente al Gobierno nacional —Ministerio de Justicia, Inpec, Uspec y al Ministerio Público—, solicitándoles las medidas que implementarán ante el panorama crítico que atraviesa el sistema penitenciario y carcelario de Colombia.
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Actualmente, informa la organización, estos centros padecen una falta de infraestructura, el riesgo de falta del servicio de alimentación, hacinamiento, y atraviesan las consecuencias de una gestión inadecuada.
“Las ciudades capitales asumimos obligaciones en materia carcelaria conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional y dentro de los límites de nuestras realidades presupuestales. No obstante, situaciones sobrevinientes y de fuerza mayor han generado decisiones presupuestales inaplazables que impiden el cumplimiento de esta competencia, particularmente en contextos marcados por el desplazamiento forzado, la atención a poblaciones vulnerables y la lucha contra el crimen organizado”, expresaron en un comunicado.
Asimismo, indicaron que a esta situación se le suma la ausencia de una coordinación eficaz desde el nivel central del Gobierno nacional y la falta de capacidades técnicas especializadas para garantizar la prestación del servicio de alimentación.
“Esta suma de factores ha generado una inminente crisis de seguridad y orden público, y representa una grave vulneración de los derechos de la población privada de la libertad en las estaciones de policía, centros de detención transitoria y las Unidades de Reacción Inmediata - URI, ante el vencimiento de la vigencia de la Ley 2346 de 2024, que faculta a la USPEC para prestar dicho servicio”, complementaron.
Por ende, también realizaron un llamado a la Corte Constitucional, para que intervenga “con una decisión oportuna que articule a todos los niveles de gobierno, con el fin de garantizar los derechos de la población privada de la libertad, preservar la seguridad ciudadana y salvaguardar el orden público de nuestros territorios”, manifestaron.
